La migra y el sheriff, seguirán aliados por tres años más

Gustavo Rangel

Houston.- Tal como lo habíamos anticipado en nuestra Edición 740, el alguacil del condado Harris, Ron Hickman, anunció la renovación del controvertido programa federal 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias locales del orden y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los activistas en los pasados meses pidieron  que por lo menos se organizaran juntas comunitarias donde pudieran participar los comisionados del condado Harris y así poder escuchar las preocupaciones en la comunidad inmigrante, pero ninguno se comprometió, a ninguno le interesó.

Una fuente del condado le dijo a La Prensa de Houston que ningún comisionado o el juez está interesado en ir en contra de las decisiones del sheriff, Ron Hickman, en este tema, y ninguno lo hizo al final.

Hickman por su parte siempre manifestó que pensaba seguir con el 287(g) en la cárcel porque lo considera un programa eficiente que ayuda a detectar criminales de alto riesgo que se encuentran ilegalmente en el país.

El sheriff, Hickman se quedó en el cargo luego de que Adrián García renunciara para ir en busca de la alcaldía de Houston.

En conferencia de prensa, Hickman informó que el próximo 30 de junio firmará la renovación por 3 años más, permitiendo a las autoridades locales verificar en las cárceles el estatus migratorio de los detenidos y transferirlos a las autoridades migratorias si son indocumentados.

Según el alguacil del condado más grande de Texas, en donde se produce un gran número de deportaciones de indocumentados, tomar la decisión no fue fácil pero al final se inclinó por renovar el acuerdo debido a que el programa ha logrado la deportación de peligrosos criminales.

“Es una decisión que no he tomado a la ligera, he escuchado tanto las inquietudes de la comunidad que se opone y los que solicitan la continuación de la cooperación con las autoridades federales”, señaló.

“Mi papel es crear confianza entre nuestra población, al mismo tiempo que debo hacer todo lo posible para proteger la vida, la propiedad y la seguridad personal de cada uno en el condado de Harris”, añadió.

El anuncio causó diversas reacciones como la del mismo gobernador de Texas, Greg Abbott, quien expresó su apoyo al alguacil “por no permitir santuarios de ilegales en el condado de Harris”.

“Este programa niega a los inmigrantes un proceso legal justo en nuestros tribunales, contribuye a separar familias y penaliza a las comunidades vulnerables”, dijo por su parte la senadora estatal demócrata Sylvia García, en declaraciones.

“La 287 (g) solo tiene efectos negativos como el de legitimar el perfil racial y crear sentimientos de miedo”, agregó.

La activista a favor de los inmigrantes Martina Grifaldo dijo que se sienten indignados y muy dolidos porque a pesar de sus conversaciones con representantes y autoridades sus voces no han sido escuchadas.

“Es un día muy triste, porque hemos recibido un golpe doble”, afirmó, en alusión al empate entre los miembros del Tribunal Supremo sobre las medidas ejecutivas de Obama que iban a beneficiar a unos 5 millones de indocumentados en el país y que ahora quedan en suspenso.

Según datos de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, las cárceles locales albergan cada año unos 120.000 presos. El año pasado, 1.831 reos fueron remitidos a las autoridades federales, y de ellos 167 terminaron fuera del país.

Desde que se implementó el programa en este condado, en 2008, unos 20.000 indocumentados han sido llevados ante autoridades de inmigración para su eventual deportación.

Pie de foto 1: Desde que se implementó el programa en este condado, en 2008, unos 20.000 indocumentados han sido llevados ante autoridades de inmigración para su eventual deportación.

(Con información de agencias).