El Supremo se encuentra divido por DAPA

Jueces conservadores de la Corte Suprema expresaron su escepticismo el lunes respecto a los esfuerzos migratorios de Barack Obama, lo que deja los decretos presidenciales que pretenden ayudar a millones de personas que viven en el país de manera ilegal en manos de una corte aparentemente dividida.

Mientras cientos de manifestantes a favor de la inmigración y un menor número de personas en contra llenaban la acera al exterior de la corte, los jueces parecían dividirse sobre líneas ideológicas y partidarias en el caso que enfrenta a los gobernadores y miembros republicanos del Congreso contra el gobierno demócrata.

La administración del presidente Obama solicitó a los jueces autorización para implementar dos programas que podrían proteger a unos cuatro millones de personas de ser deportadas y hacerlas elegibles para trabajar en Estados Unidos.

Texas encabeza un movimiento de 26 estados dirigidos por republicanos en contra de los programas que anunció Obama en 2014 y que han sido suspendidos por cortes menores. Dichas entidades aseguran que el gobierno usurpó el poder que le pertenece al Congreso y el juez Anthony Kennedy indicó cierto respaldo a esa postura.

“Es como si… el presidente presenta la política y el Congreso la ejecuta. Está al revés”, dijo Kennedy.

El magistrado presidente John Roberts también cuestionó agresivamente al procurador general Donald Verrilli Jr., e insinuó que hay muy pocos límites al poder del presidente en la postura del gobierno hacia la ley inmigratoria.

“Bajo su argumento, ¿podría el presidente otorgar una suspensión de deportación a cada… persona que está actualmente de manera ilegal en los Estados Unidos?” preguntó Roberts.

“Definitivamente no”, contestó Verrilli. Pero no quedó claro si Roberts quedó satisfecho con la respuesta y la explicación subsecuente.

Los programas aplicarían a los padres de hijos que son ciudadanos estadounidenses o que viven legalmente en el país. La elegibilidad también se expandiría a los esfuerzos del presidente en 2012 que aplican a personas que fueron traídas ilegalmente cuando eran menores de edad. Más de 700.000 personas han aprovechado ese programa de suspensión de deportaciones conocido como DACA. El nuevo programa para padres, conocido como DAPA (siglas de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses), y el programa expandido para menores, podrían beneficiar hasta a 4 millones de personas, de acuerdo con la organización no partidaria Migration Policy Institute.

Si la corte se divide sobre líneas ideológicas, el caso podría terminar en un empate a 4 tras la muerte en febrero del juez Antonin Scalia. Eso dejaría los programas en el limbo, seguramente hasta el fin del gobierno de Obama.

Ambas partes reconocen que el resultado de la elección presidencial podría determinar el destino de los programas, incluso si la Corte Suprema falla a favor del gobierno federal. Los precandidatos presidenciales republicanos han prometido revertir las acciones de Obama, mientras que Donald Trump ha propuesto deportar a 11 de millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal.

Varios jueces subrayaron que el Congreso entrega fondos suficientes para deportar únicamente a unas 400.000 personas anualmente.

La mayoría de los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos “están aquí lo queramos o no”, dijo la jueza Sonia Sotomayor.

Se espera que Corte Suprema decida antes de finales de junio si tales programas pueden implementarse en los últimos meses de la presidencia de Obama.

Roberts y sus colegas podrían tener un incentivo para evitar un empate que no siente un precedente nacional, y que destaque las dificultades de una corte incompleta para culminar su trabajo. Si eso ocurre, el destino de los programas podría pender de una frase que el gobierno utilizó para describir el estatus de los inmigrantes bajo dichos programas: Presencia legal. Texas y los republicanos en el Congreso que respaldan al estado señalan que la frase es importante porque le da a los inmigrantes más derechos de los que permite la ley federal.

Verrilli les dijo a los jueces que se desharían de la frase y, básicamente, dejarían los programas intactos. “Si la corte cree que es un problema y lo quiere eliminar, está bien”, afirmó.

Roberts mostró interés en la idea, preguntándole a la abogada Erin Murphy si la corte de hecho podría simplemente “tachar la frase”.

Murphy, representante de los republicanos en la cámara baja, dijo que no era tan sencillo.

De hecho, no quedó claro por los argumentos si dicho resultado afectaría la capacidad de los inmigrantes para trabajar o recibir otros beneficios, incluyendo la seguridad social.

Una manera en que la corte podría evitar sumergirse en los complejos detalles de las leyes migratorias sería adoptar el argumento del gobierno de que Texas no tiene el derecho para impugnar los programas ante una corte federal.

Pero Roberts no pareció interesado en dicha idea, señalando que emitir un fallo con base en un asunto técnico pondría a Texas en una paradoja.

Los gobernadores republicanos y miembros del Congreso argumentan que Obama no tiene el poder para cambiar las leyes migratorias. Cuando anunció las medidas hace 17 meses, Obama dijo que actuaba bajo su propia autoridad debido a que el Congreso había sido incapaz de reformar el sistema migratorio. El Senado había aprobado una legislación en una votación bipartidista, pero los republicanos en la Cámara de Representantes rehusaron votar la propuesta.

El gobierno y los defensores de los derechos migratorios señalan que las órdenes de Obama no son algo sin precedentes ni mucho menos inusual. En su lugar, aseguran que los programas están planeados con base en los esfuerzos de gobiernos republicanos y demócratas previos para utilizar la discreción al decidir a quién deportar.

La protección de la deportación es “un alivio discrecional, temporal y revocable al temor diario de que serán separados de sus familias” dijo Thomas Saenz, quien habló ante la corte a nombre de tres madres de ciudadanos estadounidenses.