Expertos advierten sobre futuro de DACA

Un eventual rechazo del Tribunal Supremo a la apelación del Gobierno sobre las medidas migratorias del presidente Barack Obama podría poner en peligro además el propio programa de Acción Diferida (DACA), según expertos.

“Si yo fuera receptor de DACA estaría muy nervioso”, declaró la abogada Cristina Rodríguez, profesora de la escuela de leyes de la Universidad Yale. En su opinión, el estatus de los 800.000 jóvenes indocumentados que recibieron un número de seguro social y permiso de trabajo desde el 2012, y en muchos casos licencias de conducir, podría correr peligro si los jueces del supremo no le dan la razón al presidente y consideran inconstitucionales sus medidas.

“Se pueden crear espacios que podrían permitir una nueva demanda” de los 26 estados, en su mayoría republicanos, que bloquearon los decretos presidenciales con el argumento de que fueron obligados a asumir costos no previstos para implementar el programa, dijo Rodríguez. India Thusi, abogada de la organización nacional The Opportunity Agenda, coincidió en que los mismos estados que desafiaron las medidas ejecutivas podrían usar un dictamen negativo para crear nuevos obstáculos.

“Esto sería negativo e inconsistente con nuestros valores, pero es una posibilidad”, expresó. No obstante, la abogada de inmigración en el área de Chicago, Beatriz Frausto-Sandoval, discrepó con la posibilidad de que un fallo contrario pueda significar un retroceso para los derechos adquiridos por los jóvenes “soñadores”.

En su opinión, “son pocas las cosas que podrían perder” los beneficiados del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), porque tanto el seguro social como las licencias de conducir están fuera del área de inmigración y de la posible orden de revocación de la medida ejecutiva de Obama.

“No existen precedentes de un presidente que revoque la orden ejecutiva de otro, y si ello ocurriera habrá que tomar en cuenta lo difícil que le resultaría cambiar memorandos y prioridades a un mastodonte burocrático como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, detalló Frausto-Sandoval. El congresista demócrata Luis Gutiérrez, uno de los abanderados de la lucha por los indocumentados en el Congreso, declaró al decidir los jueces escuchar los argumentos del caso “le dieron vida a la expansión de DACA y DAPA, que bien pudieron haber muerto en las cortes federales”.

“Como ocurrió con el Obamacare, el presidente va a triunfar y vamos a poder proteger a otros cuatro millones de personas”, afirmó. Sin embargo, advirtió que si los demócratas no ganan la elección presidencial de noviembre, y se mantienen en la Casa Blanca, “nunca tendremos los frutos que tanto queremos”.

El legislador por Illinois llamó a votar por una “victoria contundente”, para que los republicanos se decidan a resolver el problema migratorio a través de una reforma aprobada por el Congreso. “Es justo que lo hagan, y necesario para sacar de la mesa de discusión un problema que les resulta muy dañino para su futuro político”, señaló. Christian Ramírez, director de Derechos Humanos de Alliance San Diego, también consideró muy difícil que un presidente republicano pueda dar marcha atrás con la Acción Diferida, o que haya “cambios dramáticos” en la acción del DHS. No obstante, el activista opinó que no cree que el problema de los indocumentados pueda resolverse en las urnas, porque aunque haya un presidente demócrata, “no se anticipa una transformación política en el legislativo”.

“El Congreso es la única entidad que puede resolver el problema, pero si se mantiene el control republicano la presión sobre el presidente continuará siendo feroz”, explicó. Para Ramírez, que dirige además la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, el voto es una herramienta muy importante, pero no la única.

“Tenemos que buscar alianzas y formar un movimiento social unificado para buscar las transformaciones políticas que necesitamos”, concluyó.