Revisión caso de inmigrantes forzados a salida voluntaria se acerca al límite

San Diego.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recordó que se aproxima la fecha límite para que inmigrantes que fueron forzados por agentes federales a firmar su salida voluntaria del país pidan tener una cita ante un juez de inmigración.

ACLU aclaró a los inmigrantes que el último día para enviar solicitudes es el 23 de diciembre, por lo que les exhortó a reunir los requisitos y ponerse en contacto a la mayor brevedad.

Para beneficiarse del acuerdo colectivo López-Venegas aprobado a principios de año, la persona solicitante deberá haber firmado la salida del país entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, además de haber sido procesada por la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona del sur de California (San Diego, Imperial, Orange, Riverside, Los Ángeles, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara o San Luis Obispo).

Otro requisito es que el interesado deberá de haber tenido una opción legal para permanecer en el país al momento de la deportación, como haber vivido en Estados Unidos por más de diez años, tener hijos, padres o cónyuge con ciudadanía o residencia legal permanente, o calificar para el programa de Acción Diferida.

El organismo ha recibido cientos de llamadas telefónicas y correos electrónicos y hasta hoy, cerca de 30 personas ya han regresado al país para presentarse ante un juez, mientras que decenas más se encuentran a la espera de que su petición sea aprobada por el gobierno.

Aunque un gran número de las llamadas recibidas no califican para esta demanda debido a que no cumplen con los requisitos -el más común es el de haber firmado su salida en otro estado que California-, representantes de la ACLU indicaron que registrarán todos los casos para tener una visión amplia sobre esta problemática a lo largo de la frontera e impulsar cambios a nivel legislativo.

“Hay mucha evidencia que muestra que estas prácticas deberían ser (implementadas) a nivel nacional, que en todas partes del país se deberían recibir los mismos derechos que una persona recibe aquí en el sur de California a resultado de esta demanda”, dijo Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego.

Por otra parte, la Patrulla Fronteriza e ICE han aceptado capacitar a oficiales para notificar a los inmigrantes sobre las repercusiones de firmar la salida del país y su derecho a llamar a un abogado, además de colocar carteles informativos en centros de detención.

La ACLU tendrá tres años para monitorear la implementación de estas reformas y a la vez contempla realizar una campaña educativa para asegurarse que personas en esta situación conozcan sus derechos.

Isidora López-Venegas, quien regresó por el acuerdo y cuyo nombre encabeza la demanda colectiva, exhortó a todos aquellos que califican para este beneficio a no dudar y ponerse en contacto con ACLU.

“Yo les sugiero a todas las personas que luchen por defender sus derechos, lo único que hacemos es venir a trabajar y buscar un mejor futuro para nuestros hijos”, dijo la mujer que fue separada de su familia por tres años.

López-Venegas recordó que tras ser detenida, se le negó la posibilidad de consultar con un abogado y firmó su salida al sentirse presionada, creyendo que no tenía más opciones.

“Anteriormente yo tenía alguna idea de mis derechos pero en realidad cuando estás ahí son tantos los nervios que te olvidas de todo y aparte ellos no te dicen nada, es un momento de mucha angustia”.

El acuerdo de ACLU llega tras la resolución de una demanda interpuesta en 2013 en contra de agencias de inmigración al considerar que oficiales hostigaban y proveían información incorrecta a inmigrantes para forzarlos a aceptar su salida sin tener posibilidad de tener una audiencia frente a un juez.

Las personas que reúnen los requisitos para este beneficio pueden escribir al correo electrónico (avd@aclusandiego.org) o llamar desde México al teléfono (01-800-681-6917).

ACLU detalló que tanto las solicitudes como las consultas son gratuitas.