13 Apr 2021

SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL HOMICIDIO DE 72 MIGRANTES POR INTEGRANTES DE UN CÁRTEL

August 31, 2020

México.- Se cumplieron 10 años del asesinato de 58 hombres y 14 mujeres migrantes, que viajaban a bordo de autobuses rumbo a la frontera con Estados Unidos y que fueron interceptados por integrantes del cártel de Los Zetas, quienes se los llevaron por la fuerza para sumirlos en su red criminal como asesinos o como esclavos, y al negarse se cometió el asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, estado de Tamaulipas.

Para conmemorar la vida de esas personas que sin duda migraban en búsqueda de una vida mejor, organizaciones sociales instalaron un “antimonumento” frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Es un recordatorio de que el Estado mexicano falló en su tarea de proteger la vida y los derechos humanos de esas 72 personas migrantes.

El signo de más que precede al número 72 busca exponer que no solo han sido ellos, sino que hay miles de personas que salen de sus países hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pero las restricciones migratorias impuestas por las autoridades de ese país y la violencia que azota a México se han conjugado para impedirlo. Así ocurrió hace 10 años.

“Este es un acto de memoria, para no olvidar. Este antimonumento honra la memoria de las y los migrantes que han sido desaparecidos en su tránsito a los Estados Unidos.”

A Efraín, Richard, Yeimi, Wilmer y sus más de 70 compañeros los secuestraron personas vinculadas a la organización criminal Los Zetas. A los hombres les ofrecieron convertirse en sicarios con la promesa de pagarles 500 dólares a la semana y a las mujeres les ofrecieron realizar labores domésticas, recuerda la reportera Bianca Caretto.

Casi todos rechazaron la oferta. Uno a uno recibieron un disparo en la cabeza. Así consta en un reporte desclasificado del Archivo de Seguridad Nacional, NSA, citado por el colectivo de periodistas Pie de Página en su reportaje “Más de 72”.

Aunque los años han pasado, aún hay preguntas abiertas sobre este crimen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tardó siete años en admitir que se trataba de una violación grave de derechos humanos, mientras que los gobiernos de Brasil, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Honduras han dejado de lado su responsabilidad.
Así lo dice Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

“Y la gente busca en su país de origen una respuesta en institución pública, para preguntar si era o no su ser querido el que pudiera estar en aquél masacre de la que se hablaba en medios, pero no encontraban respuestas.”

En México, las respuestas también están incompletas. Aún está pendiente que sean identificadas nueve personas y una de las demandas es que este crimen no se investigue de manera individualizada, sino como fenómeno estructural que involucra más de un delito.

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