04 Dec 2020

BUKELE IRRUMPE EN EL CONGRESO CON MILITARES Y GENERA TENSIÓN POLÍTICA

February 12, 2020

Por Miguel Mejía H.

El Salvador.- El presidente Nayib Bukele y un grupo de soldados armados con armas automáticas ocuparon brevemente el Congreso de El Salvador el pasado domingo 09 de febrero, intensificando una campaña de presión para obligar a los legisladores a respaldar un plan de lucha contra el crimen, al no obtener los votos necesarios para que se le apruebe un crédito por 109 millones de dólares.

Observado por soldados con uniforme de batalla completo, Bukele, de 38 años de edad, se sentó en el asiento reservado para el presidente del Congreso y juntó las manos para rezar, dijo, por paciencia con los legisladores, pocos de los cuales se presentaron en la sesión especial.

“Si esas personas desvergonzadas no aprueban el plan de control territorial, los convocaremos nuevamente aquí (el próximo) domingo”, dijo a los partidarios en un discurso feroz afuera, mientras salía del edificio.

Los legisladores debían reunirse el lunes para discutir las propuestas del presidente, dijo el presidente del Congreso, Mario Ponce, en una posible señal de desescalada.

Sin embargo, los críticos advirtieron sobre una inminente crisis constitucional. Human Rights Watch, un grupo con sede en Estados Unidos, calificó el evento como “una exhibición de fuerza bruta” y dijo que la Organización de Estados Americanos debería reunirse urgentemente para discutir la situación.

Bukele asumió el cargo el año pasado después de una inteligente campaña en las redes sociales que se alimentaba del descontento popular con dos partidos que habían gobernado el país centroamericano desde el final de una guerra civil.

Canalizando esa misma frustración con los partidos tradicionales, atacó al Congreso por demorar la aprobación de un préstamo multilateral de 109 millones de dólares que ha tratado de equipar a la policía y los soldados para combatir el crimen.

Su gabinete convocó a la sesión especial del domingo después de que Bukele dijo el viernes que los salvadoreños tenían el derecho legal de insurrección en tales situaciones, convocando protestas y eliminando brevemente los detalles de protección de seguridad de los legisladores.

El movimiento del presidente para presionar a los legisladores fue respaldado por el ministro de Defensa, René Merino Monroy, y el director de policía, Mauricio Arriaza Chicas.

Sin embargo, el grupo de expertos salvadoreños FUSADES dijo que no había motivos para que el poder ejecutivo convocara a tal sesión, ya que el Congreso funcionaba normalmente.

El domingo, cientos de salvadoreños respondieron al llamado de Bukele para manifestarse, agitando pancartas y haciendo sonar silbatos fuera del Congreso, mientras soldados y policías esperaban para protegerlos, dijo un testigo a la agencia de noticias Reuters.

“Estamos aquí debido a la inseguridad que tenemos en nuestro país, y los legisladores no quieren reconocer eso”, dijo Adelma Campos, una ama de casa de 43 años. “No quieren trabajar para las personas que les dieron sus votos”.

Aunque la tasa de asesinatos en El Salvador ha disminuido abruptamente desde que Bukele asumió el cargo, las autoridades continúan luchando contra las pandillas que controlan un vasto territorio en el país centroamericano.

En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el domingo “diálogo y pleno respeto a las instituciones democráticas para garantizar el estado de derecho, incluida la independencia de las ramas del poder público”.

¿Golpe de Estado?

Después de la fallida Asamblea extraordinaria, a la que asistieron menos de la mitad de los diputados, a pesar de que el presidente había dicho que era su deber obligatorio, decidió cumplir su amenaza y hacer un llamado al pueblo de acuerdo con el Artículo 87. Esto El artículo reconoce “el derecho del pueblo a la insurrección, con el único propósito de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relacionadas con la forma de gobierno o el sistema político establecido, o por violaciones graves de los derechos consagrados en esta Constitución”.
Asimismo, el artículo dice que “se limitará a separar a los funcionarios transgresores según sea necesario, reemplazándolos temporalmente hasta que sean reemplazados en la forma establecida por esta constitución”. Esto pretende ser un llamado para que el pueblo de El Salvador se pronuncie en contra del Congreso.
La decisión de llamar a la insurrección fue nuevamente catalogada como un hecho que socava la democracia del país y fue criticada por diferentes organizaciones internacionales y sectores políticos internos. Mientras tanto, la oposición criticó la decisión y la clasificó como un intento de “Golpe de Estado” al Parlamento.
La fracasada toma de poder de Bukele y la voluntad de las fuerzas de seguridad de hacer lo que ha pedido ha provocado una reacción negativa significativa. El Procurador General Raúl Melara declaró en una conferencia de prensa el lunes: “Las fuerzas armadas deberían examinar sus acciones. La Policía Nacional Civil debe examinar sus acciones, porque no es posible que el país regrese a tiempos que ahora creemos que han sido superados”. Esos” tiempos “se refieren, sin duda, a la guerra civil (1979-1992) .
El Defensor del Pueblo de la Oficina de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, instó a Bukele a “no hacer llamadas al pueblo salvadoreño que pone al país en condiciones de mayor vulnerabilidad social cuando no existen condiciones para el ejercicio de la insurrección”.
En la tarde del 10 de febrero, el Tribunal Constitucional, un brazo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, emitió un mandato que ordenaba al Consejo de Ministros, del cual forma parte el Presidente de la República, que cesara los llamamientos para convocar a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para aprobar la fase tres del Plan de Control Territorial o para cualquier propósito relacionado. La orden prohíbe al presidente desplegar las fuerzas armadas en actividades “contrarias a los fines establecidos constitucionalmente y que ponen en riesgo la forma republicana, democrática y representativa de gobierno, el sistema político pluralista y, en particular, la separación de poderes”. El tribunal también ordenó “que el Ministro de Defensa Nacional y el Director de la Policía Nacional Civil no ejerzan funciones y actividades distintas de aquellas para las que están obligadas constitucional y legalmente”.
Esa misma tarde, la legislatura también intervino para condenar la arrogancia política de Bukele durante una sesión plenaria extraordinaria de la legislatura. El organismo aprobó una resolución, con 64 votos, sobre los eventos ocurridos en el Salón Azul el domingo pasado. La resolución repudia esas acciones “que culminaron en la violación de la independencia del poder legislativo, que afecta el sistema democrático y el funcionamiento de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder”.
El desafío de Bukele a la independencia de la rama legislativa del gobierno no solo apuntaba a aprobar una legislación. También planteó un serio desafío a la institucionalidad democrática de una nación que aún no se ha recuperado de una guerra civil larga y sangrienta. Con menos de diez meses en el cargo, el presidente se colocó por encima de la ley y violó el frágil, contencioso pero democrático consenso que puso fin a dos décadas de guerra civil en este país centroamericano en 1992.

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