Washington.- La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, exige la pena de muerte para dos mexicanos indocumentados que transportaban un grupo de migrantes en un bote que volcó y causó la muerte de tres migrantes en las costas de San Diego, en el Pacífico.
Noem pidió a la fiscal Pam Bondi “que se asegure de que los contrabandistas sean procesados rápidamente y que solicite la pena de muerte en este caso”.
Los acusados son Julio César Zúñiga Luna y Jesús Juan Rodríguez Leyva, de 30 y 36 años, respectivamente.
Ambos viajaban con 14 migrantes más en un bote pesquero frente a las costas de San Diego cuando la pequeña embarcación volcó y en el percance perecieron tres migrantes, incluida una niña de la India de 10 años de edad, cuyos restos desaparecieron.
Zúñiga Luna y Rodríguez Leyva se encontraban entre los sobrevivientes, de los cuales cuatro fueron hospitalizados.
El fiscal federal en San Diego, Adam Gordon, informó que ambos mexicanos enfrentan una condena de pena de muerte o cadena perpetua por tráfico de personas que resultó en muertes, y diez años adicionales de prisión.
El Consulado General de México en San Diego, California, lamentó la muerte de al menos tres personas migrantes, entre ellas dos de nacionalidad mexicana, tras el naufragio frente a la costa de Del Mar.
Junto al lamentable anuncio del fallecimiento, se informó que otros dos ciudadanos mexicanos se encuentran hospitalizados en relación con los hechos.
El naufragio en cuestión fue detectado por la Guardia Costera y el Sector de la Patrulla Fronteriza de San Diego, a quienes se les alertó la embarcación tipo panga volcada en una playa pública; junto al navío, se localizaron tres personas sin vida y múltiples sobrevivientes que fueron trasladados a instalaciones médicas para su atención.
Entre ellos, se destacó la presencia de menores entre los sobrevivientes, uno de ellos mexicano.
En atención a los hechos, el Consulado anunció seguimiento para la atención de los casos de cada migrante y revisar su estatus legal en el país tras ingresar ilegalmente.
La Guardia Costera (USGC) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos desplazaron una gran cantidad de recursos a esta zona fronteriza con México para hallar a los desaparecidos.
