Residentes de Harris County presentan demanda por operativos de ICE en Houston y piden a una corte federal definir si ciudadanos deben portar prueba de ciudadanía.
Una coalición de residentes de Harris County presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para frenar los operativos de ICE en la región. El recurso busca que un juez federal confirme que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a portar pruebas de ciudadanía todo el tiempo.
La querella, presentada el viernes en una corte federal, reúne a 34 residentes —en su mayoría de origen hispano— que acusan a las autoridades migratorias de violar sus derechos constitucionales con los recientes operativos de ICE en el área de Houston. Al mismo tiempo, líderes demócratas locales y federales aprovechan el caso para exigir límites más claros al actuar de la agencia.
Qué pide la demanda contra los operativos de ICE
De acuerdo con la información presentada, los 34 demandantes interpusieron la acción legal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la secretaria del DHS, Kristi Noem. Su principal objetivo es obtener una declaración formal de la corte que deje claro que “los ciudadanos de Estados Unidos no están obligados a portar consigo prueba de ciudadanía mientras se encuentran dentro del país”.
Según la demanda, los recientes operativos de ICE en la zona de Houston han generado temor entre residentes de Harris County, incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen hispano. El documento sostiene que los agentes, al realizar revisiones y detenciones en estas acciones, presuntamente han rebasado lo que permite la Constitución.
Los abogados de los demandantes plantean que el fallo que buscan no solo tendría impacto en estos operativos de ICE, sino que podría marcar un precedente sobre qué tan lejos pueden llegar las autoridades al exigir documentos en la vida cotidiana de los residentes.
Funcionarios del DHS e ICE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda, según el reporte original.
Argumentos constitucionales sobre los operativos de ICE
La demanda federal se apoya principalmente en dos enmiendas constitucionales. Por un lado, cita la Cuarta Enmienda, que protege a las personas contra cateos y detenciones consideradas irrazonables. Por otro, recurre a la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso.
De acuerdo con el texto legal, los operativos de ICE en el área de Houston violarían estas garantías al someter a residentes a revisiones y posibles detenciones sin causa suficiente y sin un proceso claro. El argumento central es que pedir o exigir prueba de ciudadanía en la calle, el trabajo o la comunidad, sin base específica, abre la puerta a abusos y discriminación.
Los demandantes señalan que muchos ciudadanos estadounidenses —en especial quienes nacieron en el país— rara vez cargan con un pasaporte o un acta de nacimiento, por lo que la sola expectativa de portar permanentemente un “comprobante de ciudadanía” sería una carga injustificada.
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Operativos de ICE y respuesta de líderes demócratas
El anuncio de la demanda se hizo público en una conferencia de prensa en la sede del Partido Demócrata de Harris County. Ahí, funcionarios electos y dirigentes locales buscaron respaldar el esfuerzo legal como un freno al avance de los operativos de ICE en comunidades mayoritariamente latinas.
Raed González, presidente del comité HDCP Unidos y representante legal de los demandantes, afirmó que es momento de “trazar una línea” sobre lo que pueden exigir las autoridades migratorias. González recalcó que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a portar pruebas de ciudadanía en todo momento y subrayó que, en la práctica, muchas personas nunca traen esos documentos consigo.
Líderes demócratas señalaron que, en su visión, estos operativos de ICE en el área de Houston están generando un ambiente de miedo en vecindarios donde conviven ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes e inmigrantes con diferentes estatus migratorios.
Presión desde el Congreso y llamado a frenar los operativos de ICE
La reacción no se quedó en el plano local. De acuerdo con el reporte, la congresista Sylvia Garcia pidió que Kristi Noem sea removida del cargo de secretaria del DHS. Garcia, junto con casi 200 demócratas de la Cámara de Representantes, se sumó a una iniciativa legislativa para someter a juicio político a la funcionaria federal.
El recién electo congresista Christian Menefee también ha expresado públicamente que, en su opinión, Noem debería ser destituida. En la conferencia de prensa, Menefee sostuvo que “la falta de límites de ICE debe terminar” y que corresponderá al Congreso actuar.
El legislador señaló que sus colegas en el caucus demócrata han dejado claro que no están dispuestos a seguir financiando a un Departamento de Seguridad Nacional que, según ellos, permite que los operativos de ICE “atemoricen” a las comunidades. Para Menefee, las acciones del Congreso deberían ir más allá de la presión presupuestaria y traducirse en medidas concretas para acotar la actuación de la agencia.
Estas declaraciones muestran que la demanda local contra los operativos de ICE se inserta en un debate más amplio en Washington sobre cómo deben ser supervisadas las agencias de seguridad y migración.
Qué significa esta demanda para Harris County
Para las comunidades de Harris County, el caso representa una prueba sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal en sus operativos de ICE y hasta qué punto los residentes —ciudadanos o no— pueden defender sus derechos en la corte.
Por ahora, la acción legal se encuentra en su etapa inicial y no se han divulgado más detalles sobre fechas de audiencias o plazos procesales. Lo que sí está claro, según los demandantes y sus representantes, es que buscan una respuesta firme de los tribunales sobre la obligación de portar documentos y sobre los límites de estos operativos de ICE en el área de Houston.
Mientras la demanda avanza, la discusión pública se centra en dos preguntas: cómo proteger la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos constitucionales, y qué papel deben jugar las autoridades locales y federales cuando los residentes aseguran sentirse “perseguidos” por operativos de ICE aun siendo ciudadanos estadounidenses.
Por ahora, la atención está puesta en la corte federal que deberá revisar los argumentos presentados, así como en la respuesta que eventualmente emitan DHS e ICE sobre las prácticas de sus agentes en el sureste de Texas.
