La cooperación de Houston con ICE contrasta con prácticas de otras policías en Texas. Documentos muestran criterios distintos sobre órdenes administrativas.
La cooperación de Houston con ICE volvió al centro del debate después de que el alcalde John Whitmire defendiera el actuar del Departamento de Policía de Houston (HPD) ante órdenes administrativas de inmigración. Mientras la ciudad afirma que la ley estatal exige colaborar, otras corporaciones policiales en Texas han adoptado posturas distintas al enfrentarse a estos documentos, que no son órdenes criminales ni llevan la firma de un juez.
Lo que Houston interpreta de la ley estatal
Durante la administración actual, más de 700,000 órdenes administrativas de inmigración fueron integradas al National Crime Information Center, una base de datos tradicionalmente usada para órdenes criminales. Estas órdenes, internas de ICE y relacionadas con violaciones civiles de inmigración, ahora aparecen en revisiones de rutina como detenciones de tráfico.
El alcalde Whitmire ha reiterado que la Ley SB4 prohíbe impedir la colaboración con autoridades migratorias. Bajo esa interpretación, HPD ha reportado más de 150 personas a ICE desde 2025 durante encuentros de rutina. En aproximadamente una cuarta parte de esos casos, agentes federales realizaron arrestos.
El jefe de HPD, J. Noe Díaz, no ha comentado públicamente sobre la interpretación de la ley o la operatividad de estas órdenes administrativas.
Otros departamentos en Texas aplican criterios distintos
A diferencia de Houston, departamentos como el de Dallas han instruido a sus oficiales a evitar detener personas únicamente con base en órdenes administrativas. Entrenamientos internos indican que estos documentos son de carácter civil y no permiten retenciones sin un delito adicional.
El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, ha señalado que su corporación sí trabaja con agencias federales en investigaciones sobre violencia o tráfico humano, pero no ejecuta acciones migratorias. “No somos oficiales de inmigración”, ha dicho.
En el área de Houston también existen criterios que difieren de la postura de HPD.
En el Precinto 7, la política indica que agentes no deben hacer preguntas sobre ciudadanía ni tratar la entrada no autorizada como una ofensa continua. El contacto con ICE se da solo cuando existe otro cargo criminal.
En Deer Park, la instrucción operativa es notificar a ICE únicamente si hay una ofensa adicional. En La Porte, correos internos muestran que oficiales rechazaron retener a un conductor de Uber por varias horas sin un delito que justificara la detención, aun cuando ICE pidió tiempo para enviar un agente.
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Cooperación de Houston con ICE y la naturaleza de las órdenes administrativas
Las órdenes administrativas se diferencian de las criminales porque no están firmadas por un juez. Expertos legales en Texas han advertido que retener a alguien exclusivamente por una orden civil podría violar la Cuarta Enmienda.
Aun así, líderes locales expresan preocupación sobre violar SB4 o perder fondos federales si limitan la interacción con ICE. Esa tensión ha llevado a que muchas agencias trabajen sin lineamientos escritos. En el condado de Harris, la oficina del alguacil ha confirmado que no existe una política específica sobre estas órdenes; los agentes deben “seguir la ley” y aplicar criterio profesional.
Otros departamentos han optado por formalizar su cooperación mediante acuerdos 287(g). Montgomery County, Galveston County y League City han indicado que tratan las órdenes administrativas “como cualquier otra” dentro de ese marco, lo que implica un nivel de coordinación más amplio con ICE.
Confusión operativa dentro de las corporaciones
Documentos internos de varias agencias del área metropolitana muestran dudas sobre cómo manejar este tipo de órdenes.
En Missouri City, una directiva interna generó confusión entre personal de despacho y comandancia sobre si confirmar o no estos avisos en la base de datos. La ciudad no ha publicado la directiva completa porque espera una opinión del fiscal general de Texas.
En La Porte, un oficial llamó a ICE al detectar una orden administrativa en un registro. ICE respondió que podía enviar un agente si el oficial retenía al conductor por tres horas. Sin cargos criminales, el conductor fue liberado.
En Precinto 1, un memorando interno indicó que los agentes deben contactar al centro de apoyo de ICE cuando aparezcan órdenes administrativas, y decidir junto con ellos si esperar en el lugar o permitir un seguimiento posterior.
En estos intercambios se mezclan conceptos legales como detenciones migratorias, órdenes administrativas y detainers, lo que evidencia que las prácticas no son uniformes.
El impacto comunitario y los casos que avivan el debate
Varias ciudades han enfrentado reclamos tras incidentes en los que denunciantes de violencia doméstica terminaron siendo reportados a ICE durante su interacción con la policía. En Austin, ese episodio derivó en una modificación de política: ahora los oficiales tienen discreción para llamar a ICE en casos de órdenes administrativas, con autorización de un supervisor.
En el condado de Harris, la cárcel del condado entrega diariamente a personas con detainers migratorios cuando ya enfrentan cargos criminales, un proceso diferente a las interacciones que ocurren en vía pública.
Mientras tanto, la cooperación de Houston con ICE sigue bajo observación de organizaciones comunitarias y funcionarios que piden claridad sobre cómo se toman estas decisiones en la ciudad más grande de Texas.
Qué significa esta discusión para Houston
La cooperación de Houston con ICE continuará como tema central mientras las agencias intentan equilibrar leyes estatales, limitaciones constitucionales y la confianza de comunidades inmigrantes. Abogadas y expertos en inmigración señalan que es necesario explicar públicamente qué prácticas se están aplicando y por qué, y abrir espacio a las preocupaciones de residentes.
Por ahora, los documentos disponibles muestran un panorama mixto: algunas policías de Texas rechazan detener personas por órdenes civiles, otras notifican a ICE sin retener a nadie, y otras actúan bajo acuerdos formales con el gobierno federal. Houston, mientras tanto, mantiene que la ley obliga a colaborar.
