El Condado de Harris aprobó la renovación de un fondo que destinará más de un millón de dólares a servicios de defensa legal para inmigrantes en procesos de deportación o detención. La medida, respaldada por la mayoría demócrata en el tribunal de comisionados, busca garantizar un proceso más justo para quienes enfrentan procedimientos migratorios en el sistema federal.
El programa, conocido como Immigrant Legal Services Fund, fue creado en 2020 por iniciativa de la jueza del condado Lina Hidalgo, y desde entonces ha proporcionado representación directa a personas inmigrantes que no pueden costear un abogado. La renovación aprobada esta semana extenderá el financiamiento hasta el 31 de diciembre de 2026, beneficiando a varias organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la comunidad migrante.
Organizaciones beneficiadas
El nuevo financiamiento será administrado por organizaciones locales con experiencia en asistencia legal y comunitaria, entre ellas BakerRipley, Justice for All Immigrants, RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services) y el Galveston-Houston Immigrant Representation Project (GHIRP).
Estos grupos brindan asesoría gratuita o de bajo costo a inmigrantes en riesgo de deportación, familias separadas o personas detenidas en centros de inmigración. Según funcionarios del condado, los fondos permitirán ampliar el alcance del programa y atender más casos en el área metropolitana de Houston, una de las regiones con mayor población inmigrante del país.
Críticas desde el sector republicano
No todos los funcionarios locales están de acuerdo con la medida. Durante la sesión del tribunal de comisionados, Aliza Dutt, alcaldesa de Piney Point Village y candidata republicana a jueza del condado para 2026, criticó duramente la decisión.
Dutt argumentó que el fondo prioriza a personas que, según sus palabras, “rompieron la ley”, y señaló que el dinero de los contribuyentes debería destinarse a otros fines.
“El crimen está aumentando, nuestros oficiales están sobrecargados y las familias enfrentan costos de vida cada vez más altos”, dijo. “Esto es lo que está mal con el liderazgo demócrata en Harris County: ponen a los inmigrantes ilegales primero y a los contribuyentes al final”.
El comisionado Tom Ramsey, único republicano en el tribunal, también cuestionó si el condado tiene facultades legales para otorgar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el personal jurídico del condado confirmó que la medida es legal y cumple con las normas establecidas.
Contexto del programa
El Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes fue creado hace cinco años con un presupuesto inicial de $2.5 millones. En ese momento, la propuesta se aprobó en una votación dividida (3 a 2) y generó un debate similar al actual.
Junto a ese financiamiento, los comisionados aprobaron además $500,000 adicionales para apoyar a inmigrantes víctimas de delitos que pudieran ser elegibles para estatus legal al cooperar con las autoridades.
La iniciativa recibió apoyo de organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y United We Dream, que argumentaron que muchas personas enfrentan procesos migratorios sin representación y que el sistema federal es demasiado complejo para navegar sin asistencia profesional.
En su momento, la jueza Lina Hidalgo defendió el fondo afirmando que el objetivo no es proteger a quienes carecen de méritos legales, sino asegurar que todos tengan acceso a un proceso justo.
“Si el caso no tiene mérito, entonces la persona no se quedará, pero al menos tendrá una oportunidad real de ser escuchada”, dijo cuando se lanzó el programa en 2020.
Apoyo y oposición en la comunidad
En Houston, donde más del 45 % de la población es de origen hispano y cerca del 30 % nació fuera de Estados Unidos, el tema de la representación legal en procesos migratorios tiene un fuerte impacto social.
Grupos comunitarios y líderes locales han reiterado que la falta de asesoría adecuada puede separar familias, dejar a menores sin apoyo y provocar deportaciones injustas. Por otro lado, algunos contribuyentes y políticos conservadores mantienen su preocupación por el uso de recursos públicos para este tipo de programas.
Mientras tanto, organizaciones como BakerRipley destacan que el fondo ha permitido que cientos de familias inmigrantes del área de Houston puedan presentar sus casos con dignidad, acceder a intérpretes y comprender sus derechos en un sistema legal que suele ser abrumador.
Próximos pasos
El presupuesto aprobado se mantendrá vigente hasta finales de 2026. Durante ese tiempo, las organizaciones deberán presentar informes de transparencia sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos.
Aunque los comisionados no dedicaron mucho debate público antes de aprobar la medida, el tema probablemente volverá a ser parte de las discusiones políticas rumbo a las elecciones de 2026, cuando Lina Hidalgo buscará la reelección como jueza del condado y el debate migratorio se intensifique a nivel estatal.
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