Perú.- A un año de que se lleven a cabo las elecciones, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobó la Ley N.º 32301, que afecta a medios de comunicación independientes, que funcionan bajo la figura legal de asociaciones civiles sin fines de lucro e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de cooperación internacional.
De acuerdo con un comunicado emitido por las organizaciones periodísticas en Perú, IDL Reporteros, Ojo Público, Convoca Perú, Salud con Lupa y EpicentroTV, la ley que fue promulgada el pasado 14 de abril “permitiría asfixiar a medios periodísticos independientes que no se sometan al control del Estado”.
“El periodismo en el Perú afronta una de las mayores amenazas de las últimas décadas, a raíz de la aprobación de una ley cuyos efectos suponen el control previo de actividades periodísticas por parte del Estado, vulneración del derecho al secreto profesional y sanciones desproporcionadas para actividades descritas en la norma en términos imprecisos. En resumen, un mecanismo de censura”, señala el documento en el que firman más de 200 organizaciones y periodistas de América Latina, Europa y Estados Unidos.
De acuerdo con la norma recién aprobada y publicada, se exige a cualquier medio que reciba financiamiento internacional, la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo cual, señalan los periodistas en Perú, es inconstitucional.
“Esta ley, ya en vigor, constituye una herramienta de control político sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional. Le otorga al Poder Ejecutivo, a través de la APCI, la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa. Además, prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación en contextos de opacidad institucional como el que vive hoy nuestro país. Esa misma prohibición dejará sin protección legal a periodistas sujetos a acoso judicial”, detallan en su comunicación.
Además, los periodistas explican que estos mismos fondos pueden ser vetados y que las investigaciones periodísticas podrían ser bloqueadas desde el origen.
“A causa de estos controles previos, los medios tendrán que informar a la APCI sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y la agencia estatal tendrá la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución”, de los mismos. Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que se refiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública”, explica el comunicado.
Publicaciones como Ojo Público, Convoca Perú o Salud con Lupa así como IDL Reporteros han sido pioneros del periodismo de investigación en Perú y en varias ocasiones el gobierno de la actual presidenta ha buscado silenciarlos a través de varias iniciativas de ley que se han discutido en el Congreso en Perú.
“Desde que Boluarte asumió la Presidencia, episodio al que siguió una represión del Estado que dejó 49 personas asesinadas en medio de las marchas por nuevas elecciones, el Congreso ha elaborado por lo menos 10 proyectos de ley para restringir la libertad de prensa, sin importarle el modelo de sostenibilidad financiera de los mismos”, explicó en una editorial del pasado 14 de abril.
Entre estos proyectos del Congreso destacan los que han pedido el aumento de las penas de prisión para los delitos contra el honor, por acceder a información reservada o incluso exigirles un título profesional universitario para ejercer la profesión.
«Esto reproduce patrones que ya hemos visto en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua y Paraguay» declararon los periodistas.
