Desde el año 2001, miles de estudiantes que no tienen estatus legal en este país se han beneficiado de la ley HB 1403, también conocida como el Dream Act de Texas. Esta era una ley estatal de Texas que permitía que ciertos residentes no ciudadanos se clasificaran como residentes de Texas a efectos del pago de la matrícula de educación superior.
Es decir, pagarían igual que los estudiantes con estatus legal residentes en el estado de la estrella solitaria.
A la vez, otorgaba elegibilidad para la matrícula estatal a los residentes no ciudadanos que cumplían ciertos requisitos, como graduarse de una escuela preparatoria de Texas u obtener un GED.
Para calificar para la matrícula estatal según la ley derogada por la demanda del Departamento de Justicia, los estudiantes indocumentados deben haber vivido en el estado durante tres años antes de graduarse de la preparatoria y un año antes de matricularse en la universidad. También debían firmar una declaración jurada indicando que solicitarán la residencia legal lo antes posible.
Este beneficio terminó el 4 de junio, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas pidiendo que se suspendiera. A pocas horas de que la demanda fue presentada, el fiscal general del estado, Ken Paxton, pidió que se siguieran las peticiones de la administración Trump.
Y es que en semanas pasadas, durante la legislatura del estado de la estrella solitaria, se habían presentado unos proyectos de ley para dar por terminada la HB 1403, pero estos no lograron avanzar. Entonces, al parecer, otra de las tácticas era involucrar al Departamento de Justicia, que tiene frente a Pam Bondi.
Las reacciones ante este ataque, porque eso es, un ataque a la comunidad migrante y a jóvenes que lo que buscan es educarse y dar su talento a este estado y país que los vio crecer.
La organización Texas Civil Rights Project con base en Austin dijo que en el año 2001, el gobernador Rick Perry firmó la Ley Dream de Texas, la cual fue aprobada con apoyo bipartidista. La matrícula estatal ha ayudado a los jóvenes tejanos a construir un futuro en Texas.
Desde su promulgación hace 24 años, Texas ha celebrado 13 sesiones legislativas regulares, durante las cuales esta ley se ha mantenido intacta, demostrando un apoyo bipartidista sostenido.
Revocar el acceso a la matrícula estatal para estudiantes indocumentados tendría graves consecuencias económicas: Texas perdería más de $461 millones anuales en actividad económica, incluyendo $244.4 millones en salarios perdidos y $216.9 millones en disminución del poder adquisitivo.
Agregaron que la demanda del Departamento de Justicia se dirige a los jóvenes que crecieron en Texas, asistieron a nuestras escuelas públicas y buscan continuar su educación para contribuir a nuestras comunidades.
Nuestro estado es más fuerte cuando cada joven tiene la oportunidad de aprender y alcanzar su máximo potencial. La ley vigente de matrícula estatal en Texas reconoce la realidad de que estos estudiantes son parte integral de nuestras comunidades. La demanda del Departamento de Justicia representa una extralimitación del gobierno federal en los derechos estatales de Texas.
Instaron también a que la gente se comunique con el Departamento de Justicia para que retire la demanda y los estudiantes puedan tener acceso a la educación superior de la manera que lo han hecho por el pasado cuarto de siglo.
¿Usted qué opina?
