Washington.- La Corte Suprema acordó analizar la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, una medida que busca negar la nacionalidad estadounidense a los hijos de padres que se encuentran en el país sin documentos o de forma temporal.
Los magistrados aceptaron escuchar la apelación del gobierno de Trump contra una sentencia de un tribunal inferior que había anulado las restricciones. Hasta el momento, la orden no ha entrado en vigor en ninguna parte del país. El caso se discutirá en primavera y se espera una sentencia definitiva a inicios de verano.
La orden, firmada el 20 de enero, durante el primer día del segundo mandato de Trump, forma parte de una campaña más amplia de endurecimiento migratorio. Entre otras medidas, su administración ha incrementado los controles migratorios en diversas ciudades y ha invocado por primera vez en tiempos de paz la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.
La Corte Suprema ya ha emitido señales contradictorias en decisiones de emergencia relacionadas con políticas migratorias, pero esta es la primera orden de Trump sobre inmigración que llega al tribunal para una resolución definitiva.
El punto central del debate es si la 14ª Enmienda (que por más de 125 años ha sido interpretada como garante de la ciudadanía automática para toda persona nacida en territorio estadounidense) permite, o no, las restricciones que propone Trump. Las únicas excepciones históricas han sido para hijos de diplomáticos extranjeros y de fuerzas de ocupación.
Hasta ahora, todos los tribunales inferiores que han revisado el tema han concluido que la orden ejecutiva viola o probablemente viola la 14ª Enmienda, incluso después de que la Corte Suprema limitara en junio el uso de medidas cautelares nacionales.
No obstante, el máximo tribunal no descartó que otras órdenes judiciales (como demandas colectivas o acciones legales por parte de los estados) pudieran tener efectos a escala nacional.
Uno de los casos clave proviene de New Hampshire, donde un juez federal bloqueó en julio la orden como parte de una demanda colectiva que ampara a todos los niños afectados.
Otro fallo relevante vino del Noveno Circuito, en San Francisco, donde se determinó que un grupo de estados liderados por demócratas requería una orden judicial nacional para evitar que la ciudadanía por nacimiento aplicara solo en algunos estados y en otros no.
El gobierno ha insistido en que los hijos de personas sin ciudadanía no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no tendrían derecho a la ciudadanía.
En un documento presentado ante la Corte, el principal abogado del gobierno, D. John Sauer, afirmó: “La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se adoptó para conceder la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no… a los hijos de extranjeros que se encuentran ilegalmente o temporalmente en los Estados Unidos”.
La postura cuenta con el respaldo de 24 estados republicanos y 27 legisladores del Partido Republicano, entre ellos los senadores Ted Cruz (Texas) y Lindsey Graham (Carolina del Sur).
