Michigan.- Un inmigrante mexicano que enfrenta una posible deportación mientras padece de leucemia debe ser liberado o al menos recibir una audiencia de fianza ante un tribunal de inmigración, determinó una jueza.
El fallo representa una victoria para José Contreras Cervantes y otros siete demandantes que son representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan. En caso de que sean liberados bajo fianza de la custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), podrían regresar con sus familias mientras sus casos avanzan en el tribunal de inmigración.
El gobierno ha rechazado las audiencias de fianza para inmigrantes que ingresaron sin autorización legal a Estados Unidos, incluso si no tienen antecedentes penales. La política representa un cambio con las prácticas anteriores y ya ha sido impugnada con éxito.
«Sin evaluar primero el riesgo de fuga o peligrosidad de cada solicitante, su detención es una violación de los derechos al debido proceso que se les otorgan» bajo la ley federal, informó la jueza de distrito, Brandy McMillion, en Detroit.
La jueza ordenó audiencias de fianza dentro de un plazo no mayor a siete días y quiere recibir una actualización por escrito el 27 de octubre.
En respuesta a la solicitud, el Departamento de Justicia defendió su política y también aseguró que el caso debió presentarse ante una junta de apelaciones de inmigración, no en un tribunal federal. De momento se desconoce si la agencia interpondrá una apelación
Contreras Cervantes, de 33 años, fue diagnosticado el año pasado con leucemia mieloide crónica, un cáncer de médula ósea que amenaza su vida, y sus médicos le informaron que le quedan entre cuatro y seis años de vida, aseguró su esposa, Lupita Contreras, quien es ciudadana estadounidense.
Contreras Cervantes, nacido en Jalisco, México, y ha estado viviendo en Estados Unidos desde hace 20 años, pero no legalmente.
Fue arrestado durante una parada de tráfico el pasado 05 de agosto en los suburbios de Detroit. Fue trasladado de Michigan a Ohio y luego de regreso a Michigan y no recibió medicación durante 22 días, señaló su esposa.
Ahora ha estado recibiendo un medicamento sustituto en el Centro de Procesamiento North Lake, en Baldwin, Michigan, dijo la abogada de la ACLU, Miriam Aukerman.
