El fiscal del distrito de El Paso, Bill Hicks, acusó formalmente a 141 inmigrantes indocumentados de generar “disturbios” al intentar ingresar de forma masiva entre la frontera de México con Estados Unidos.
Esta decisión se tomó un día después de que el juez Rubén Morales desestimara los cargos. Hacks convocó a 12 jurados para estudiar el caso y decidir si los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas tenían pruebas para arrestar al grupo de inmigrantes.
El 12 de abril, el grupo de migrantes cortó una barrera de alambre de púas para entrar a territorio estadounidense, según información de las autoridades.
El juez dijo que 141 migrantes fueron acusados por delito menor clase, es decir, que podrían pasar 180 días en prisión o pagar una multa de 2 mil dólares.
El lunes 22 de abril, un juez del condado había desestimado los cargos en contra de los migrantes detenidos, argumentó que no había pruebas suficientes para proceder. Sin embargo, ciudadanos de El Paso rechazaron la decisión inicial y encontraron pruebas para “creer que sí ocurrieron los disturbios”.
La defensora de los 141 migrantes, Ke- lli Childress, dijo no estar sorprendida con la determinación final e imagina que ya lo habían preparado antes de que iniciara la audiencia. Agregó que la oficina de Hicks no tiene pruebas contra sus clientes y acusarlos ante un gran jurado fue algo “horrible”.
Fue durante la mañana del jueves 21 de marzo pasado, cuando “un grupo importante de migrantes” vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera, desbordó el control militar e ingresó a Texas.
Los migrantes hicieron a un lado parte de una barricada de alambre de concertina que la Guardia Nacional de Texas tiene instalada entre el río Grande y el muro fronterizo en la ciudad de El Paso.
Tras el incidente, los migrantes fueron llevados a un centro de procesamiento y los militares retomaron el control del lugar. Desde entonces se adelantó que fincarían “cargos de amotinamiento para 222 inmigrantes que rompieron el alambre de púas y derribaron a la Guardia Nacional de Texas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas” confirmó que obtendría la custodia de todos los acusados de cruzar la frontera e iniciará procedimientos de deportación contra todos ellos. “Mándenlos de vuelta”, indicó en ese entonces el gobernador Greg Abbott.
