Washington.- El Departamento de Seguridad Interna (DHS) agregó en los últimos cuatro años más de 1.5 millones de perfiles de ADN de inmigrantes a las bases de datos del gobierno, según un informe publicado por el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown.
El estudio titulado «Asaltando el genoma: cómo el gobierno de los Estados Unidos está abusando de sus poderes de inmigración para acumular ADN para futuras actividades policiales» encontró que la recopilación de ADN aumentó en un 5 mil por ciento.
Los perfiles son guardados en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) bajo una etiqueta de “delincuente”, donde están disponibles de forma permanente para que las autoridades busquen información.
El reporte advierte que durante las dos primeras décadas de existencia del CODIS, el gobierno recopiló aproximadamente 25 mil perfiles de ADN de inmigrantes a la base de datos.
Pero desde la implementación de un programa instituido por la Administración de Donald Trump en 2020, el número de muestras se disparó.
El programa, que también ha sido implementado en el Gobierno del presidente Joe Biden, permite al DHS recolectar el ADN de cualquier persona que haya sido detenida por agentes de inmigración.
Los investigadores consideran que el DHS “engaña e intimida a las personas para poder recopilar las muestras”.
Casi un tercio de los perfiles registrados será de migrantes si la recolección de datos continúa al mismo ritmo que está proyectando.
Inmigrantes entrevistados para el reporte desconocían que les habían tomado las muestras de ADN en la frontera, y muchos de los que fueron conscientes “tuvieron miedo de preguntar”.
“El gobierno está explotando sus poderes de inmigración para recolectar material genético a un ritmo que no sería posible al poder policial hacerlo”, asegura el reporte.
También advierte que es “extremadamente arriesgado” guardar las muestras de forma indefinida debido a los rápidos avances en la tecnología y la falta de un marco legal.
Los investigadores determinaron recomendar a la Administración Biden y al Congreso poner fin de inmediato a este programa.
En 2018 se informó que los datos serían resguardados por una base de datos del FBI, que podrá ser usada por otras divisiones del gobierno. Los activistas de derechos humanos denunciaron que la medida atenta con la protección de datos personales y señalan que equipara a los inmigrantes con delincuentes.
