Argentina.- Un tribunal comenzó el juicio a un exoficial de Inteligencia de la Marina, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 398 personas en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
El juicio del caso ESMA V, dirigido por el Tribunal Oral Federal 5, se lleva adelante contra Jorge Luis Guarrochena, quien integró el Servicio de Inteligencia Naval, y quien quedó como único acusado tras la muerte de Gerardo Enrique Ferrer, exjefe de la Compañía B de Ceremonial de la ESMA, quien iba a ser juzgado por 372 hechos.
Guarrochena se encuentra procesado como partícipe necesario de secuestros, tormentos, imposición de tormentos seguidos de muerte, privación ilegal de la libertad con resultado de muerte y apropiaciones cometidas en la ESMA.
El exmarino prestó funciones en la jefatura de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIIN) y en la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) del Estado Mayor General de la Armada, se desempeñó en áreas de contrainteligencia y como enlace con la jefatura de Inteligencia del Ejército y con el Batallón 601.
Sobrevivientes de la ESMA (con- siderado uno de los principales centros clandestinos de reclusión y tortura durante el régimen) reconocieron a Guarrochena con el alias “Raúl” y bajo el nombre falso de “Carlos Alberto Encina”.
Las víctimas declararon haber visto al acusado en varios períodos de tiempo durante la última dictadura, en los que actuó en las áreas de Inteligencia y de Operaciones del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA.
Este es el sexto juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, con más de 60 miembros de las fuerzas represivas condenados por los hechos que resultaron víctimas más de mil personas.
En Argentina se están llevando adelante 16 juicios orales en este momento, en diferentes provincias, en tanto ya han sido condenados en la justicia unos 1 mil 168 represores por delitos de lesa humanidad, desde 1985 a la actualidad, según datos oficiales.
Argentina llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas en 1985, pero luego publicó las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, entre 1986 y 1987, y el Ejecutivo otorgó indultos a los integrantes de las Juntas militares en 1990.
Con el dictado de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2005, se consolidó el proceso de reapertura de los juicios por lesa humanidad que comenzó en 2006.
