Washington.- El Departamento del Trabajo de Estados Unidos propuso nuevas restricciones al programa de Certificación Laboral Permanente (PERM), un mecanismo fundamental que permite a los trabajadores extranjeros cualificados obtener la tarjeta verde de residencia permanente en territorio estadounidense. La iniciativa forma parte de la estrategia integral impulsada por la administración del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal, reducir la población nacida en el extranjero dentro del país y endurecer los requisitos de acceso a la residencia y la ciudadanía.
El sistema PERM es utilizado de manera habitual por grandes corporaciones tecnológicas y firmas de externalización para patrocinar a empleados extranjeros y facilitar su transición de visas temporales hacia la residencia definitiva. Bajo la normativa vigente, las compañías deben demostrar previamente ante las autoridades federales que no existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y cualificados para cubrir una vacante, además de certificar que la contratación foránea no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los empleados locales en puestos equivalentes.
Con la reforma presentada, el gobierno estadounidense obligaría a los empleadores a realizar esfuerzos de reclutamiento significativamente mayores para acreditar que el ingreso de personal extranjero no perjudicará la fuerza laboral nacional. En este sentido, la medida propone extender dicha exigencia a ocupaciones que anteriormente gozaban de exenciones debido a su escasez reconocida en el mercado interno, destacando entre ellas al personal de enfermería y a los científicos catalogados con «capacidad excepcional».
Asimismo, la normativa exige que las empresas modernicen sus canales de difusión de vacantes para garantizar que las ofertas laborales lleguen al mayor número posible de candidatos estadounidenses altamente calificados, priorizando el uso de anuncios electrónicos por encima de las publicaciones impresas tradicionales. Adicionalmente, la propuesta establece un periodo de restricción estricto: cualquier compañía que haya despedido a trabajadores estadounidenses en cargos similares quedará impedida de solicitar certificaciones PERM para personal extranjero durante los dos años posteriores a los recortes.
Este anuncio da continuidad a las acciones ejecutadas en octubre pasado, cuando la administración federal restringió el acceso al sistema PERM a importantes compañías del sector tecnológico, incluido el fabricante de software Adobe. De acuerdo con el cronograma oficial, la propuesta regulatoria se publicaría en el Registro Federal, abriendo formalmente un periodo de 60 días destinado a la consulta pública antes de que las disposiciones puedan entrar en vigor definitivamente.