Un jurado de Fort Bend County declaró culpable al juez del condado, KP George, en dos cargos de lavado de dinero. La siguiente etapa del caso será la sentencia, programada para el 16 de junio.
El veredicto contra KP George llegó la tarde del viernes en Richmond, cuando un jurado de Fort Bend County lo declaró culpable en los cargos presentados por la fiscalía en su juicio por lavado de dinero. De acuerdo con la información pública del caso, la condena fue por los cargos tal como fueron formulados, sin absolución ni reducción a delitos menores incluidos. La sentencia quedó fijada para el 16 de junio a las 9 a.m.
Tras la lectura del veredicto, George fue puesto bajo custodia y después recibió una nueva fianza de $20,000, equivalente a $10,000 por cada cargo. Sus abogados indicaron que revisarían con su cliente los siguientes pasos de la defensa una vez recuperara la libertad. La fiscalía sostuvo que el caso avanzará ahora a la fase de sentencia.
El jurado lo encontró culpable en los cargos presentados
La deliberación comenzó alrededor de las 2:20 p.m. del jueves y el jurado llegó a una decisión poco antes de la 1:30 p.m. del viernes, según la cronología difundida en la cobertura del caso. En sala, la fiscalía señaló que el jurado respaldó la teoría presentada durante el juicio y sostuvo que la evidencia financiera fue suficiente para probar responsabilidad penal. La defensa, en cambio, dijo que esperaba un resultado distinto y que veía duda razonable en el expediente.
Los registros públicos del proceso describen una batalla jurídica áspera durante varios días de testimonio pericial, revisión de movimientos bancarios y discusión sobre reportes de finanzas de campaña. El expediente giró alrededor del manejo del dinero que George declaró o dejó de declarar después de la elección de 2018 y sobre si esos fondos se usaron de forma legal o personal.
La acusación se centró en transferencias por más de $45,000
La fiscalía presentó el caso como un uso indebido de dinero de campaña para gastos personales. De acuerdo con los datos del juicio, los fiscales sostuvieron que George ocultó el contenido real de su cuenta de campaña después de la elección de 2018 y que gastó más de $45,000 de esa diferencia en gastos propios, incluido el enganche de una casa nueva. En otra parte del proceso, especialistas financieros hablaron de una cifra cercana a $46,500 transferida entre cuentas personales y de campaña.
La acusación también sostuvo que el problema no era un error administrativo aislado, sino una secuencia de movimientos financieros y reportes que, a su juicio, ocultaban el origen y el uso real del dinero. Durante el juicio, los fiscales apoyaron su caso en registros bancarios, documentos de campaña y testimonio de expertos que cuestionaron la versión de los reembolsos.
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La defensa dijo que eran reembolsos y atribuyó el caso a motivos políticos
La defensa respondió con una lectura distinta de los mismos movimientos. Sus abogados sostuvieron que George prestó dinero propio a su campaña y más tarde se reembolsó, algo que describieron como una práctica legal y común dentro del marco electoral. También argumentaron que la fiscalía construyó el caso desde una motivación política y que luego trató de acomodar los cargos a esa narrativa.
Ese planteamiento ya había aparecido durante el juicio, cuando la defensa insistió en que el estado no logró demostrar intención criminal y que varias de las discrepancias financieras podían explicarse por el periodo de reporte revisado o por la manera en que se registraron préstamos y reembolsos. En el estrado también compareció un experto de la defensa que consideró correcto el reporte financiero cuestionado por la fiscalía.
La sentencia de junio marcará el siguiente punto legal del caso
La siguiente fecha clave será el 16 de junio, cuando el tribunal tiene programada la audiencia de sentencia. De acuerdo con la cobertura del caso, George enfrenta una posible pena de dos a 10 años de prisión y una multa de hasta $10,000.
La discusión jurídica inmediata se concentra en su permanencia en el cargo. La Ley de Gobierno Local de Texas, en su sección 87.031, establece que la condena de un funcionario de condado por un delito grave ante un petit jury opera como remoción inmediata del cargo y que la sentencia debe incluir la orden de remoción. En la audiencia posterior al veredicto, la fiscalía sostuvo que la sentencia formal todavía no ha sido ingresada y que ese paso ocurrirá en junio. También indicó que, si George apela, pedirá al tribunal que lo suspenda del cargo mientras se resuelve el recurso.
La misma cobertura del viernes señaló que George puede seguir ejerciendo como juez del condado una vez pague la fianza, salvo que exista otra orden judicial antes de la sentencia. Ese punto deja el futuro inmediato del cargo atado al desarrollo procesal de las próximas semanas.
El caso penal no termina con este veredicto
Además del juicio por lavado de dinero, George todavía enfrenta un cargo menor por misrepresentation of identity by a candidate. En ese expediente, fiscales sostienen que colaboró con su jefe de gabinete para usar una identidad falsa en publicaciones racistas dirigidas contra él mismo en Facebook, con el objetivo de obtener simpatía política durante su campaña de reelección de 2022. Ese proceso sigue separado del veredicto emitido el viernes en Fort Bend County.
