Texas.- Desafiando al gobierno federal en materia de inmigración, los legisladores texanos otorgaron la aprobación final a un proyecto de ley que permitiría a la policía arrestar a los inmigrantes que ingresan al país ilegalmente y permitiría a los jueces locales ordenarles que abandonen el país.
El proyecto de ley, que se esperaba fuera firmado por el gobernador republicano Greg Abbott, se convertiría en una de las leyes de inmigración más estrictas del país si se le permite entrar en vigor
En un raro momento de disensión republicana, un poderoso senador estatal republicano se opuso al proyecto de ley, diciendo que iba demasiado lejos.
Las emociones también estaban a flor de piel en la Cámara de Representantes de Texas, donde los demócratas pasaron horas condenando la medida, pero no lograron debilitarla antes de que fuera aprobada por 83 a 61. El Senado de Texas lo aprobó previamente.
Cabe mencionar que el arresto de inmigrantes en Texas no es algo nuevo. Al iniciar el gobierno del presidente Joe Biden asumiera el cargo, los policías de Texas comenzaron a llegar a acuerdos con los propietarios de tierras fronterizas y a arrestar a inmigrantes que cruzaban sus propiedades por invasión de propiedad privada.
Pero la nueva ley facultaría a toda la policía de Texas, incluidos los agentes que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, para arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. El delito sería un delito menor y un juez podría ordenar al acusado que abandone el país.
Los críticos dicen que la ley podría conducir a la discriminación racial o al arresto injusto de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses que se encuentran en el país legalmente. Los demócratas también dijeron que haría que las víctimas de delitos inmigrantes tuvieran miedo de contactar a la policía.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación y rechazó a la iniciativa. Señaló que esta y otras medidas criminalizan a los migrantes y de aplicarse resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
El gobierno mexicano reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. Pero, rechazó tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
