Una nueva regla federal obliga al registro migratorio en Houston. Un abogado local la desafía por violar derechos clave. Conoce qué está en juego.
Un reconocido abogado de inmigración en Houston ha presentado una demanda federal para detener la implementación de una nueva política de registro migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Esta norma, que entró en vigor sin pasar por el proceso tradicional de comentarios públicos, exige que ciertos inmigrantes se registren con el gobierno federal en un plazo de 30 días tras su ingreso al país, o se enfrentan a sanciones civiles y penales.
Raed González, abogado especializado en inmigración con sede en Houston, presentó el caso en nombre de un cliente identificado como “John Doe”, quien actualmente reside en Estados Unidos sin autorización legal. La demanda argumenta que la norma viola el derecho constitucional a no autoincriminarse, ya que obliga a los inmigrantes a admitir públicamente que ingresaron al país de manera irregular.
¿Qué implica el registro migratorio en Houston?
La regla federal, conocida como requisito de registro migratorio Houston, aplica a personas que ingresaron al país sin autorización, ciertos ciudadanos canadienses, y algunos inmigrantes con permisos especiales como Estatus de Protección Temporal (TPS) o acción diferida, que no se han registrado aún con el gobierno.
Los inmigrantes afectados deben proporcionar información personal, huellas digitales y detalles sobre su historial criminal, incluso si nunca fueron arrestados o juzgados formalmente. El formulario oficial G-325R solicita explícitamente que se revelen todos los crímenes, incluyendo aquellos que hayan sido sellados o cometidos fuera del país.
La política no aplica a personas con visa, residencia legal permanente, autorización de empleo, tarjeta de cruce fronterizo o aquellos que ya se encuentren en procesos de deportación.
Houston en el centro del debate nacional
La demanda de González, presentada ante la Corte Federal en Houston, destaca cómo esta medida ha generado temor entre comunidades migrantes locales. “El requisito de registro obliga a las personas a confesar su estatus migratorio, lo cual infringe sus derechos fundamentales”, alega el abogado en los documentos del caso.
González planea ampliar la demanda a una acción colectiva que podría incluir a miles de inmigrantes en Texas y otros estados, argumentando que la política se ha implementado sin el debido proceso legal, violando la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).
Estrategia de “autodeportación”
La regla de registro migratorio Houston forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno federal para incentivar la “autodeportación”. De acuerdo con declaraciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, la intención es que los inmigrantes sin estatus regular se registren y luego acepten “relocalizarse voluntariamente a sus países de origen”.
Un comunicado del DHS emitido a comienzos del año señala que esta vía es más “segura para los inmigrantes y las autoridades”, y que además representa un ahorro significativo para los contribuyentes estadounidenses.
Posibles consecuencias legales
De no cumplir con la nueva norma, los inmigrantes podrían enfrentar cargos menores, multas e incluso encarcelamiento, según advierte el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La información recabada también podría ser utilizada en procesos judiciales en su contra.
González sostiene que el formulario obliga a los solicitantes a renunciar implícitamente a su derecho a guardar silencio y a no proporcionar pruebas que puedan ser usadas por el gobierno en su contra.
Contexto legal en evolución
Una coalición de grupos de derechos civiles e inmigrantes intentó bloquear la medida a través de una demanda separada en marzo, pero el juez determinó que no tenían “capacidad legal” para demandar en ese momento. Con la nueva demanda liderada desde Houston, el caso podría tomar un nuevo rumbo si la corte acepta los argumentos presentados por González.
Mientras tanto, defensores de derechos migratorios en Texas alertan que esta política puede fomentar un ambiente de miedo entre comunidades que ya enfrentan incertidumbre.
