Washington.- El concejo tribal de la nación Nooksack determinó desalojar a 63 personas, que se identifican como miembros de la comunidad, y que residen en un terreno tribal, debido a que consideran que no se ha acreditado su identidad por problemas en los registros censales; misma situación enfrentan otros 243 habitantes de dicha comunidad.
Por lo que expertos en Derechos Humanos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron al respecto, pidiendo que el gobierno de Joe Biden intervenga para impedir dicho desalojo.
“Estamos preocupados de que estos desalojos forzados les nieguen la posibilidad de disfrutar su propia cultura y de usar su propio idioma en comunión con otros”, dijo un comunicado firmado por Balakrishnan Rajagopal y Francisco Cali Tzay.
Los enviados señalaron que los hogares familiares fueron construidos por la tribu en una tierra que pertenece al gobierno de Estados Unidos, utilizando fondos federales.
“Muchos son ancianos, mujeres y niños, algunos con enfermedades crónicas. Han vivido en sus casas por más de una década”.
“El inminente desalojo impactará de forma significativa la salud de los más vulnerables durante la pandemia de Covid-19”, agregaron.
De acuerdo a declaraciones dadas a medios locales, el jefe del concejo de la tribu, Ross Cline Senior, ha dicho en ocasiones anteriores que los “306 nooksack” fueron registrados de forma equivocada como miembros de la tribu en los años 1980, pero que no pueden probar su linaje. Por lo que los desalojos son una forma de poner en práctica las reglas de la tribu, aseguró.
Sin embargo, Gabriel Galanda, abogado que representa a las 21 familias amenazadas con la expulsión, declaró a la AFP que el proceso de expulsión está mal orientado.
“Ellos afirman que un ancestro de ellos no aparece en el censo federal de 1942 y por eso no pertenecen a esta tribu, aunque toda la información histórica, genealógica, antropológica e histórica dice lo contrario”, explicó.
Galada indicó que los tribunales de la tribu han determinado que la desafiliación de este grupo de personas es ilegítima, pero el concejo de la tribu ignora este fallo.
“Ellos han cerrado el tribunal de la tribu para que mis clientes no puedan ir allí a obtener ayuda. Por eso acudimos ante las Naciones Unidas”, indicó.
