Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se decretó en el país el Estado de emergencia nacional y la policía informó que un sospechoso fue muerto y otros seis están arrestados por el crimen, todos son colombianos, mientras se busca a los “autores intelectuales” del crimen.
El presidente Guillermo Lasso anunció en la red social X que el crimen del candidato será investigado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), la cual “aceptó nuestra petición” y en cuestión de horas una delegación de dicha corporación llegaría al país.
Asimismo, el gobierno de Lasso decretó tres días de luto nacional e impuso el estado de excepción por 60 días, el cual limita los derechos ciudadanos, en tanto que efectivos militares se movilizan por diferentes puntos del territorio nacional.
En una rueda de prensa junto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, Lasso ratificó que se mantienen los comicios previstos para el próximo día 20.
“Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden; al contrario, éstas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer”, afirmó.
View this post on Instagram
El ministro de Defensa, Luis Lara, declaró que desplegarán efectivos en “todos los rincones del país” para proteger a la ciudadanía hasta después de los comicios.
A excepción de Luisa González, la candidata afín al expresidente Rafael Correa, la mayoría de los aspirantes presidenciales suspendieron sus campañas de cara a los comicios. Dos de los aspirantes con mayor preferencia del electorado, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner y el indígena Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.
La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, publicó en X que a su marido lo asesinaron “porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”. Criticó el operativo de seguridad y dijo que su cónyuge debió haber sido sacado por la puerta trasera del colegio, donde tuvo su último mitin.
Según Luis Fernández, representante legal de la familia Villavicencio, el candidato tenía 97 por ciento de riesgo de sufrir un atentado y criticó que no hubo seguridad adecuada.
Recientemente, Villavicencio había acusado que Fito, líder de “Los Choneros” ligado al cártel mexicano de Sinaloa, lo amenazó, y denunció vínculos entre políticos y narcotraficantes.
El ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que el hombre que fue aprehendido por el asesinato de Villavicencio y que luego murió en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado “pues resultó herido durante el cruce de balas durante el atentado”, fue detenido el 17 de junio por tenencia y portación ilegal de armas, pero estaba libre tras recibir medidas alternativas a la prisión preventiva.
Informó que en el sur de la capital fueron arrestados otros seis extranjeros, dos de ellos plenamente identificados en la escena del crimen, y agentes de policía incautaron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cargadores de fusil, cuatro cajas de municiones, tres motocicletas y un vehículo reportado como robado.
“Sobre los otros seis, son colombianos y pertenecen a grupos de la delincuencia organizada”, indicó Zapata. Los detenidos en Conocoto, en el sur de Quito son: Adey Fernando G. G. y Jules Osmin C. A, quienes ya tenían una orden de captura, así como Andrés Manuel M. O., José Neider L. H., Camilo Andrés R. R. y Jhon Gregore R. G.
Entre las últimas acusaciones públicas que hizo Villavicencio está la denuncia ante la fiscalía sobre la presunta concesión irregular de 21 campos petrolíferos durante el gobierno de Rafael Correa, y pocas horas antes de ser asesinado, señaló que las mafias tenían vínculos con la fuerza pública.
