Un juzgado ordenó detener a dos generales retirados por su presunta responsabilidad en la matanza de más de 200 personas en 1982 durante la guerra civil (1980-1992), informó un abogado.
Los arrestos del general José Guillermo García, exministro de la Defensa, y del general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, fueron ordenados por un juzgado de San Sebastián, informó el abogado de familiares de las víctimas, David Morales.
La masacre fue cometida por el batallón contrainsurgente Atlacatl el 22 de agosto de 1982 en el lugar denominado El Calabozo, a orillas del río Amatitán, en el departamento central de San Vicente, según una investigación oficial.
García, de 90 años y ministro de la Defensa entre 1979 y 1983, se encuentra hospitalizado desde que en octubre de 2022 otra jueza ordenara su detención para responder por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.
Bustillo, de 88 años, fue el comandante de la aviación entre 1979 y 1989. La Policía no ha reportado su detención.
El Juzgado también ordenó el arresto de los coroneles Sigifredo Ochoa Pérez, Domingo Monterrosa y Napoleón Alvarado, pero los tres ya fallecieron.
«Las detenciones provisionales (…) representan un paso de esperanza en el avance de la justicia ante este atroz crimen», declaró Morales, uno de los abogados de la agrupación Cristosal.
La masacre fue investigada por una Comisión de La Verdad, creada por la ONU al finalizar la guerra civil.
«Existen pruebas fehacientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia», concluyó el informe de la ONU.
Las víctimas habían llegado al lugar desde diversas zonas huyendo de un vasto operativo militar antiguerrillero.
Este caso fue reabierto en 2016, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró «inconstitucional» una ley de amnistía que en 1993 perdonó las atrocidades cometidas durante la guerra civil.
Morales lamentó «la pasividad» con la cual ha avanzado el proceso, pero aseguró que existe «prueba testimonial altamente relevante» de algunos sobrevivientes.
La guerra civil salvadoreña, que dejó más de 75 mil muertos y 7 mil desaparecidos, finalizó mediante acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla en 1992.
