Familias de Cleveland, TX han presentado demandas contra la CBP por no informar sobre los cruces fronterizos ilegales de una persona peligrosa, lo que resultó en un tiroteo masivo en que dejó cinco muertos. La querella se presentó por National Trial Law, a través de los abogados Jamal K. Alsaffar y Tom Jacob.
En los documentos se afirma que durante más de treinta años, las agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han incumplido sistemáticamente la ley federal que les exige denunciar a las personas peligrosas al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS) del FBI. Estas fallas permitieron que miles de personas peligrosas obtuvieran acceso a armas de fuego y cometieran actos de violencia, incluido Francisco Oropeza, el autor del tiroteo del 28 de abril de 2023.
A Francisco Oropeza, un delincuente conocido y reincidente que había sido deportado de los Estados Unidos cuatro veces entre 2009 y 2016, nunca se le debería haber permitido volver a ingresar al país ni acceder a armas de fuego.
Sin embargo, debido a que el gobierno de los Estados Unidos no ingresó su información en la base de datos NICS del FBI, Oropeza pudo comprar el rifle AR-15 utilizado en la masacre. En la noche del incidente, Oropeza disparó fatalmente a cinco personas, entre ellas Sonia Taibot, su hijo y otras tres, e hirió a otras tres.
Se presentó una demanda administrativa contra el gobierno de los Estados Unidos en nombre de la familia de Sonia Argentina Guzmán Taibot, una de las víctimas del trágico tiroteo masivo. La presentación busca justicia por la muerte injusta de Sonia Taibot y su hijo, Daniel Laso Guzmán, así como por el impacto catastrófico que el incidente ha tenido en su familia. También se presentaron reclamos en nombre de Ramiro Adán Guzmán Taibot, Yasmin Elizabeth Rivas Ramos, Jefrinson Josué Rivera Romero y Diana Velasquez Alvarado (fallecida).
“Este tiroteo masivo se pudo haber evitado. Si el gobierno hubiera seguido sus propios procedimientos obligatorios, este individuo peligroso nunca hubiera podido comprar un arma de fuego, y mucho menos poseer el arma de asalto que le quitó la vida a Sonia y a su hijo. La negligencia del gobierno ha devastado a esta familia, y merecen rendir cuentas”, dijo Asaffar, abogado de la familia.
La demanda cita numerosos casos en los que el gobierno de los EE. UU. no informó sobre las entradas ilegales de Oropeza al sistema nacional de verificación de antecedentes del FBI, una obligación exigida por la Ley de Control de Armas y la Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego. La demanda destaca que este fracaso sistemático permitió que Oropeza permaneciera sin ser detectado por las fuerzas del orden, a pesar de numerosas oportunidades para evitar que obtuviera armas.
