La suspensión de fondos federales deja a menores migrantes en Houston sin asistencia legal, afectando miles de casos en tribunales.
El condado de Harris es el principal destino para menores migrantes no acompañados en Estados Unidos. Sin embargo, un reciente recorte de fondos a nivel federal ha suspendido los servicios legales que estos niños reciben para enfrentar sus procesos migratorios.
Recorte de fondos impacta a miles de menores en Houston
El gobierno federal ha emitido una orden para detener los servicios legales ofrecidos a menores migrantes a través del programa de Niños No Acompañados. Esta medida afecta a aproximadamente 26,000 menores en todo el país, incluyendo más de 1,500 que fueron atendidos en Houston el año pasado.
Las organizaciones locales que ofrecen estos servicios se han visto directamente afectadas. Houston cuenta con una de las redes más grandes de asistencia legal para migrantes, en la que participan diversas entidades sin fines de lucro. Estos grupos brindan asesoría legal y orientación sobre el proceso migratorio, servicios que ahora quedan en suspenso debido al recorte de fondos.
Consecuencias en el sistema judicial y en la seguridad de los menores
La falta de representación legal para estos menores podría generar un impacto significativo en los tribunales de inmigración, ya que los jueces deberán dedicar más tiempo a explicar los procesos a niños sin asistencia. Houston ya enfrenta una acumulación de cerca de 99,000 casos en sus tribunales migratorios, de los cuales más de una cuarta parte involucra a menores de 18 años.
Además de retrasar aún más el sistema judicial, la suspensión de estos servicios expone a los menores migrantes a situaciones de vulnerabilidad. Houston es una de las ciudades con mayor incidencia en tráfico humano, y los menores sin representación legal podrían correr un mayor riesgo de ser víctimas de explotación.
Esfuerzos para mantener los servicios
Las organizaciones afectadas por el recorte buscan nuevas formas de financiamiento para seguir brindando asistencia a los menores migrantes. La falta de interpretación en idiomas indígenas de Guatemala o criollo haitiano también se convierte en un desafío adicional para garantizar la representación legal efectiva de estos niños.
El impacto de esta decisión ha generado llamados a la administración federal para que restablezca los fondos destinados a estos servicios, argumentando que la protección de menores migrantes es fundamental para evitar su explotación y garantizar un debido proceso en los tribunales de inmigración.
