El Senado de Texas aprueba ley que incrementa penas por agresiones a trabajadores de servicio público tras incidentes ocurridos después del huracán Beryl.
En respuesta a los incidentes ocurridos tras el paso del huracán Beryl, el Senado de Texas aprobó una nueva ley que incrementa las sanciones por agredir o acosar a trabajadores de servicio público. La iniciativa fue presentada por la senadora Carol Alvarado, representante de Houston, con el objetivo de proteger a quienes laboran en situaciones críticas para restablecer servicios esenciales.
Cambios clave en la legislación
La nueva ley, conocida como Proyecto de Ley 482, establece que las agresiones físicas contra trabajadores de servicio público serán consideradas delitos graves de tercer grado, con penas de hasta 10 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 10 mil dólares. Además, el acoso a estos empleados será clasificado como un delito menor de clase A, lo que podría conllevar hasta un año de cárcel y multas de hasta 4 mil dólares.
Los trabajadores protegidos por esta legislación incluyen personal de sectores como electricidad, telecomunicaciones, gas, oleoductos y servicios de cable. Estos profesionales desempeñan un papel vital durante emergencias y catástrofes naturales, como la ocurrida recientemente en el estado.
Violencia contra trabajadores de servicio público tras el huracán Beryl
Después del paso del huracán Beryl, más de dos millones de usuarios en Houston y otras zonas quedaron sin electricidad. Durante los trabajos de restauración, se reportaron varios casos de agresiones, amenazas y acoso a los trabajadores desplegados. En algunos casos, se llegó incluso a cerrar temporalmente sitios de reparación por motivos de seguridad ante amenazas de violencia.
Estos incidentes encendieron las alarmas entre las autoridades estatales, quienes consideraron urgente implementar sanciones más severas para proteger al personal encargado de la recuperación del servicio.
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Reacciones de autoridades locales y estatales
El alcalde de Houston, John Whitmire, expresó su rechazo a los ataques y pidió a la comunidad respetar el trabajo de quienes arriesgan su seguridad para restablecer los servicios. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó una investigación formal sobre la preparación y respuesta de las empresas proveedoras de energía tras el impacto del huracán.
Ambos líderes coincidieron en que los trabajadores de servicio público deben contar con protección legal ante cualquier forma de violencia o amenaza que ponga en riesgo su integridad física y mental.
Impacto en la comunidad
El huracán Beryl dejó un saldo trágico de más de 40 fallecidos en Texas, muchos de ellos relacionados con las altas temperaturas y la falta de servicios básicos como la electricidad. En ese contexto, la frustración de la población ante los prolongados cortes de luz fue en aumento, pero las autoridades recalcaron que la violencia contra los trabajadores solo agrava la situación y retrasa los esfuerzos de recuperación.
La nueva ley busca enviar un mensaje claro: proteger a quienes trabajan incansablemente durante las emergencias es una prioridad para el estado.
