ACLU critica y advierte que la ley de oración en escuelas de Texas podría violar derechos constitucionales y afectar a estudiantes de Houston.
La reciente ley aprobada por la Legislatura de Texas que permite la oración en escuelas de Texas ha despertado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles, líderes educativos y padres de familia. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) envió una carta a todos los distritos escolares del estado —incluido el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD)— instándolos a no implementar políticas que promuevan la oración o el estudio de textos religiosos dentro del horario escolar.
Una ley que reaviva el debate sobre religión y educación
La ley, conocida como Senate Bill 11 (S.B. 11), fue firmada por el gobernador Greg Abbott a inicios de este año. El texto autoriza a los distritos escolares de Texas a establecer periodos de tiempo dedicados a la oración o la lectura de textos religiosos, dejando la decisión final en manos de cada consejo escolar local.
Sus impulsores argumentan que la medida no obliga a ningún maestro o estudiante a participar y que la intención es ofrecer libertad religiosa dentro de las escuelas públicas. Sin embargo, críticos como la ACLU advierten que este tipo de disposiciones abren la puerta a la discriminación y a posibles violaciones del derecho constitucional a la libertad de culto.
La postura de la ACLU ante la ley de oración en escuelas de Texas
En su comunicado, la ACLU de Texas aseguró que cualquier distrito que adopte una política de oración o estudio religioso podría enfrentar acciones legales. La organización considera que separar a los estudiantes según sus creencias religiosas crearía un ambiente propenso al acoso o la exclusión.
“Separar a los alumnos en función de su religión conducirá al hostigamiento y la violación de sus derechos bajo la Primera Enmienda”, advirtió la ACLU en su carta, obtenida por Houston Public Media.
“Además, impondrá cargas administrativas innecesarias para las escuelas y podría derivar en costosos litigios”.
La entidad también recordó que la Constitución de Estados Unidos prohíbe cualquier ley que promueva o imponga una religión específica, principio reafirmado en múltiples fallos judiciales.
Houston ISD y el contexto local
Hasta el momento, Houston ISD, el distrito escolar más grande del estado y uno de los más diversos del país, no ha emitido una postura oficial sobre si adoptará o no este tipo de políticas. El distrito, que cuenta con más de 180,000 estudiantes de distintos orígenes religiosos y culturales, podría convertirse en un punto clave del debate sobre la oración en escuelas de Texas.
Expertos en educación de la Universidad de Houston señalan que una medida como la S.B. 11 plantea retos logísticos y éticos. “En un distrito tan plural como Houston, implementar tiempos de oración puede generar divisiones innecesarias entre los estudiantes”, señaló el profesor de derecho constitucional Miguel Hernández, entrevistado por La Prensa de Houston.
“El verdadero reto es garantizar que todos se sientan incluidos, sin imponer prácticas que puedan percibirse como preferencia religiosa”.
Antecedentes: los Diez Mandamientos en las aulas
La ley de oración no es la única iniciativa relacionada con la religión en las escuelas públicas de Texas. En paralelo, la Legislatura aprobó también la Senate Bill 10, que exige exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas del estado.
Esa medida se encuentra actualmente bajo revisión en un tribunal federal de apelaciones para determinar su constitucionalidad.
Mientras tanto, el procurador general de Texas, Ken Paxton, ha animado públicamente a los distritos escolares a adoptar las políticas de oración permitidas por la S.B. 11, incluso mientras crecen las advertencias de posibles demandas.
Entre la política y la fe
El debate sobre la oración en escuelas de Texas ha adquirido tintes políticos. Los legisladores republicanos que impulsaron la ley aseguran que el objetivo es “restaurar valores tradicionales” y que la medida incluye a todas las religiones, no solo al cristianismo. Sin embargo, organizaciones civiles y algunos líderes religiosos disidentes consideran que la ley favorece indirectamente a una mayoría religiosa y pone en riesgo el principio de separación entre Iglesia y Estado.
Para familias inmigrantes y comunidades religiosas minoritarias de Houston —como musulmanes, judíos, hindúes o incluso católicos latinoamericanos— el tema genera incertidumbre. “Tememos que nuestros hijos se sientan presionados a participar en oraciones que no reflejan nuestras creencias”, dijo María Torres, madre de familia en la zona suroeste de la ciudad.
Un debate que apenas comienza
Aunque la ley no obliga a las escuelas a implementar los tiempos de oración, la ACLU advirtió que vigilará activamente su aplicación y emprenderá acciones legales si detecta violaciones a los derechos de los estudiantes.
En un estado donde la educación pública ya enfrenta retos como la falta de financiamiento, el ausentismo y la escasez de maestros, organizaciones locales piden no desviar la atención hacia debates religiosos, sino concentrarse en mejorar la calidad académica.
Por ahora, la oración en escuelas de Texas seguirá siendo tema de conversación en los pasillos educativos y en los tribunales. Y en ciudades diversas como Houston, la pregunta de fondo sigue siendo la misma:
¿cómo garantizar la libertad religiosa sin comprometer la inclusión y la neutralidad en la educación pública?
