Texas.- Las zonas militares del ejército estadounidense ya ocupan una tercera parte de la frontera. Estas áreas declaradas como “restringidas por autoridad del comandante”, son parte de una estrategia derivada de la emergencia nacional decretada en 2017 por el entonces presidente Donald Trump, la cual aún tiene efectos vigentes.
Tomando en cuenta esto, el Ejército puede operar más allá de los límites tradicionales establecidos por la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la participación militar directa en funciones civiles, como la aplicación de leyes migratorias. Las zonas militarizadas actualmente cubren cerca de 370 kilómetros de frontera, desde Fort Hancock, Texas, hasta tierras de ranchos en Nuevo México. El Departamento de Defensa anunció recientemente la creación de una nueva zona de 400 kilómetros en el Valle del Río Grande, Texas, y prevé otra en Yuma, Arizona. Con ello, cerca de un tercio de la frontera con México estaría bajo vigilancia militar directa.
En estas zonas, al menos 7 mil 600 miembros de las fuerzas armadas patrullan territorios donde anteriormente operaban exclusivamente autoridades civiles como la Patrulla Fronteriza.
La nueva política ha generado reacciones divididas: mientras algunos residentes rurales apoyan la medida como un refuerzo contra redes de tráfico humano y narcotráfico, otros, incluidos defensores de derechos civiles y ambientales, advierten sobre las implicaciones legales, sociales y humanitarias.
Crece la zona de control militar en la frontera con México, abarcando ya un tercio. Foto GregAbbott_TX/X
En el condado de Luna, Nuevo México, la militarización ha generado un debate entre quienes valoran la seguridad fronteriza y quienes temen la pérdida de acceso a tierras públicas.
“Apoyamos la seguridad, pero no queremos ser excluidos de nuestras tierras”, comentó Ray Trejo, comisionado del condado y miembro de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México.
Por su parte, James Johnson, agricultor local, considera que el despliegue militar “está tratando de imponer algo de fuerza” frente a la creciente complejidad del control fronterizo.
Los defensores de migrantes también han manifestado su preocupación. Abbey Carpenter, voluntaria en búsqueda de migrantes desaparecidos, señaló que la militarización puede estar ocultando el aumento de muertes en zonas remotas del desierto: “Tal vez hay más muertes, pero no lo sabemos”.
Desde la implementación de las zonas militares, más de 1 mil 400 personas han sido acusadas de “invasión de propiedad militar”, un delito que puede conllevar hasta 18 meses de prisión, además del proceso migratorio por ingreso ilegal.
Aunque hasta ahora no se han reportado arrestos de ciudadanos estadounidenses, abogados defensores han impugnado estos cargos en tribunales federales.
En Las Cruces, Nuevo México, una mujer guatemalteca fue sentenciada a dos semanas de cárcel por cruce ilegal, aunque se desestimó el cargo de invasión por falta de pruebas. Su caso refleja los dilemas legales y humanitarios que emergen en esta nueva etapa del control fronterizo.
La abogada Rebecca Sheff, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), considera que el gobierno está probando un enfoque “más punitivo” y advierte que estas zonas podrían sentar un precedente preocupante: “Es un vehículo que están impulsando para establecer una presencia militar más hostil a lo largo de toda la frontera”, resaltó la abogada.
