El Congreso condenó la interferencia de los presidentes de México y Colombia en los asuntos internos luego de la crisis política generada por la destitución del presidente Pedro Castillo, el pasado 07 de diciembre.
El pleno del Legislativo aprobó ayer una Moción de Orden del Día, a través de la cual se expresa el rechazo a la injerencia de los presidentes de ambos países, así como declaraciones de los presidentes de Argentina y Bolivia.
En la sesión, los congresistas aprobaron la Moción 5022 con 61 votos a favor, 41 en contra y cinco abstenciones que exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a dar cuenta a través de los canales diplomáticos tanto a México, cuyo embajador fue expulsado, como a Colombia.
Tras el debate entre los congresistas, la diputada María del Carmen Alva Prieto, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de Acción Popular, leyó los acuerdos.
“El Congreso de la República acuerda expresar su rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio de la República del Perú”, dijo.
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En el mismo sentido, los legisladores rechazaron las expresiones del mandatario colombiano, Gustavo Petro.
La legisladora Alva Prieto dijo que aunque el exhorto era para México y Colombia, tendría que ampliarse a los ejecutivos de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, quienes se sumaron a señalamientos contra las instituciones de Perú.
“Estos cuatro señores violando el principio de no intromisión en los asuntos internos de otro Estado y con una conducta claramente antidemocrática en la región, buscan generar confusión en la comunidad internacional con el objetivo de lograr la liberación del señor Castillo”, dijo.
Por otra parte, el presidente depuesto Pedro Castillo, quien fue aprehendido acusado de rebelión, solicitó a un tribunal de apelaciones su libertad y rechazó haber cometido delitos cuando intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre pasado.
“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión», dijo Castillo, durante una audiencia virtual.
La defensa de Castillo pidió que se revoque la prisión preventiva de 18 meses que el expresidente cumple en una prisión de una base policial en Lima.
“Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó el exmandatario.
El expresidente lucía un bigote crecido y estaba acompañado de su abogado. El también maestro rural y líder sindical, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, quienes se trasladaron a México en calidad de asilados políticos.
