Ecuador.- Con 116 votos a favor, un voto negativo y siete abstenciones, el Parlamento aprobó una resolución en la que señala que el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) “organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato entre Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros”.
“Lasso nunca más”, gritaban en el hemiciclo legislativo los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC, correísta), Pachakutik (PK), Construye, Partido Social Cristiano (PSC) y del movimiento oficialista ADN.
La nueva Asamblea Nacional de Ecuador culminó este jueves el juicio político a Lasso, el cual había sido suspendido la noche del 16 de mayo y no se pudo retomar al día siguiente porque, el 17 de mayo, Lasso disolvió al Parlamento.
El Parlamento retomó el juicio político pese a que ya no había opción de destituir al ya exmandatario, pues el político derechista dejó el cargo hace una semana a su sucesor, Daniel Noboa, quien ganó las elecciones presidenciales extraordinarias convocadas por el propio Lasso.
Por lo que al retomarse la votación del proceso en contra de Lasso, la interpelante del juicio político y ahora primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), propuso una moción para responsabilizar al expresidente del delito de peculado por las irregularidades relacionadas con la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y las consecuencias del contrato con Amazonas Tankers, que habría causado un perjuicio al Estado por más de seis millones de dólares, según el expediente.
La resolución también condena que Lasso haya utilizado la figura constitucional conocida como “la muerte cruzada” para disolver el Parlamento y evadir su responsabilidad política en este caso. Aunque en un primer momento se buscaba la censura del ahora expresidente, la Constitución, dijo el abogado Mauro Andino en declaraciones para Radio Pichincha, no permite una censura (con el fin de una inhabilitación) a un presidente que ya no está en funciones, como en el caso de Guillermo Lasso.
De ahí que únicamente se emitió la resolución de responsabilidad política y no la censura. El Parlamento determinó enviar todo el expediente a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General para que inicien las investigaciones. La discusión de los legisladores se centró en la gestión del exmandatario.
“Todos hemos coincidido en que el Gobierno de Lasso deja un país con la peor crisis delincuencial, económica y energética de la historia”, dijo el asambleísta de ADN, Ramiro Vela, al mencionar que todo lo hecho por Lasso debe ser fiscalizado.
Fausto Fernández, de ADN, afirmó que el país fue testigo de “un gobierno fracasado” porque, dijo, Lasso “privilegió su fotografía en el Salón de Expresidentes antes que las necesidades del pueblo ecuatoriano”.
“Votamos por su sanción”, explicó la bancada Construye en un comunicado, al calificar como “desastroso el Gobierno de Lasso, en especial en materia de seguridad, la mentirosa protección social anunciada”.
“No más impunidad”, dijo la Revolución Ciudadana, tras la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea.
“Lasso es responsable de continuar con el acabose del país heredado de Moreno y además hundirlo en la peor corrupción y en el narcotráfico”, agregó. Guillermo Lasso dejó la presidencia ecuatoriana el pasado 23 de noviembre.
