Funcionarios de Harris desafían la orden presidencial sobre ciudadanía por nacimiento. Houston se une a la batalla legal.
Dos funcionarios electos del condado de Harris han firmado un escrito legal en oposición a la orden ejecutiva del presidente que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La acción legal fue presentada en una corte federal de Massachusetts como parte de una demanda liderada por fiscales generales de 18 estados y otras jurisdicciones.
La lucha por la ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva, firmada tras la segunda toma de posesión del presidente el 20 de enero, pretende negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o residentes temporales. Sin embargo, opositores argumentan que esta medida es inconstitucional, ya que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
«No se puede borrar la Constitución con una pluma», declaró uno de los funcionarios del condado. «La ciudadanía por nacimiento es la ley, y el condado de Harris luchará para protegerla».
El impacto en Houston y el condado de Harris
El condado de Harris es una de las regiones más diversas del país, con una población inmigrante significativa. Según datos del Censo de EE.UU., más del 26% de los 4.8 millones de residentes del condado han nacido en el extranjero. Uno de los funcionarios electos, quien representa zonas del norte y este del condado, enfatizó el impacto que esta orden tendría en la comunidad.
«Como hijo de inmigrantes trabajadores, sé que eliminar la ciudadanía por nacimiento no solo sería cruel, sino también una clara violación de nuestra Constitución», afirmó.
Batalla legal en curso
La orden ya ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal en Seattle, quien la calificó de «abiertamente inconstitucional». Sin embargo, la administración ha indicado que seguirá defendiéndola en los tribunales.
El escrito firmado por los funcionarios del condado es parte de una demanda multijurisdiccional liderada por el estado de Nueva Jersey, que busca una orden judicial preliminar contra la medida presidencial. Entre los otros firmantes se encuentran funcionarios de las ciudades de Austin, El Paso y el condado de Dallas en Texas, así como de otras 72 jurisdicciones en 24 estados.
Uno de los funcionarios predice que la disputa legal llegará hasta la Corte Suprema. «Apuesto cada dólar de mi cuenta bancaria a que este caso terminará en la Corte Suprema de EE.UU.», aseguró.
La controversia en torno a esta orden ejecutiva subraya el debate nacional sobre inmigración y derechos civiles, y Houston está en el centro de esta lucha por la protección de los derechos de sus residentes nacidos en el país.