Houston.- La crisis migratoria que atraviesa el continente americano ha alcanzado niveles críticos, y su rostro más vulnerable es, sin duda, el de la infancia. A lo largo de las rutas de tránsito que atraviesan Sudamérica, Centroamérica y México hacia este país, miles de niñas, niños y adolescentes enfrentan condiciones de extrema desprotección, expuestos a riesgos constantes contra su integridad física, emocional y su vida misma.
El viaje, impulsado por el desplazamiento forzado derivado de la violencia, la pobreza extrema y la inestabilidad política en países como Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala y Ecuador, se ha convertido en un calvario para las familias y los menores no acompañados. Desde el cruce por la selva del Darién, donde la geografía hostil se combina con la presencia del crimen organizado, hasta el tránsito por las fronteras centroamericanas y el territorio mexicano, la infancia migrante enfrenta violencia sistemática, extorsiones, trata de personas y separación familiar, así como otro tipo de delitos al ser una población muy vulnerable.
Informes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos alertan que más del 60% de los menores en ruta reportan haber sido víctimas o testigos de incidentes graves de protección. El acceso a alimentos, agua potable, atención médica básica y espacios seguros es prácticamente nulo en varios tramos del trayecto. Además, la interrupción prolongada de su educación fractura su desarrollo integral, dejando secuelas psicológicas profundas provocadas por el trauma del trayecto.
A esta vulnerabilidad se suma la falta de capacidades o la respuesta punitiva de los Estados receptores y de tránsito. En muchos casos, las políticas de contención migratoria priorizan el control fronterizo sobre el principio del interés superior de la niñez, lo que deriva en detenciones administrativas, hacinamiento en albergues y deportaciones que contravienen las normativas internacionales de protección a la infancia.
Frente a este escenario, la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado urgente a las naciones de la región para articular un corredor humanitario seguro. Es indispensable fortalecer los sistemas nacionales de protección infantil, garantizar el libre acceso a la condición de refugio y asegurar que ningún menor sea privado de su libertad por su estatus migratorio. La infancia en tránsito no puede seguir siendo invisible en la agenda regional; proteger su vida y sus derechos es una obligación legal y moral impostergable.
