En un giro que nadie se esperaba en el caso de Wilber Garcés Pérez y que sigue levantando dudas y preguntas, porque los fiscales federales anunciaron cargos por agresión, acusándolo de golpear a un oficial con el espejo retrovisor lateral al intentar alejarse del lugar.
El 29 de septiembre, Garcés Pérez, de 28 años, repartía comida en Austin, cuando fue detenido por agentes de ICE y esa detención terminó con un disparo en la espalda del venezolano.
Fue acusado de un cargo de agresión, resistencia y obstrucción a un oficial federal, según una denuncia penal de la cual ya se hizo pública la información.
El joven compareció inicialmente el 29 de septiembre ante un tribunal federal en Austin, según informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas, a pesar de que, de acuerdo con su abogada, todavía tiene la bala alojada en su cuerpo.
Una declaración jurada de nueve páginas, redactada por un agente del Departamento de Seguridad Nacional, constituye el relato público más completo ofrecido hasta la fecha por el gobierno sobre el tiroteo ocurrido en la capital del estado, suceso que ha desencadenado protestas e indignación entre los demócratas debido a las medidas enérgicas de la administración Trump en materia de inmigración.
Según la Prensa Asociada, el documento incluye fotografías captadas por cámaras corporales, aunque no se difundió ningún video, y la denuncia no especifica si el agente, presuntamente golpeado por el espejo retrovisor lateral, sufrió alguna lesión.
Estas acusaciones contra Garcés Pérez recuerdan a señalamientos previos realizados por agentes de inmigración tras tiroteos de gran repercusión, en los que los oficiales acusaron de manera similar a los conductores de utilizar sus vehículos como armas.
En algunos casos, tales alegaciones perdieron credibilidad o fueron rectificadas tras la difusión de las grabaciones de las cámaras corporales, lo que ha reavivado el escrutinio sobre la práctica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de recurrir a paradas vehiculares para efectuar detenciones.
El inmigrante venezolano se encontraba bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE. UU. tras haber sido trasladado desde un centro de detención federal en el sur de Texas, según documentos judiciales presentados por los fiscales federales.
Por otra parte, los abogados de Garcés Pérez han interpuesto una demanda para intentar frenar su expulsión de Estados Unidos. La defensa declinó hacer comentarios inmediatos, mientras que un portavoz del DHS remitió las preguntas al Departamento de Justicia.
Si fuera encontrado culpable de estas acusaciones, Garcés Pérez se enfrentaría a una pena de hasta 20 años de prisión.
