El gobierno mexicano condenó la criminalización contra inmigrantes que se genera con leyes en Florida y Kansas.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autori- dades mexicanas expusieron que “en relación con la Ley SB1718, firmada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la cual entró en vigor el 01 de julio, el Gobierno de México, a través del Consulado General de México en Miami y el Consulado de México en Orlando, externa su rechazo ante medidas que conlleven a actos de discriminación y perfilamiento racial”.
Si bien, resalta que México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en Estados Unidos, pero consideran que la ley SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanos exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante.
“Esta medida no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país”, resaltan.
Asimismo, mencionan que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada.
La existencia de mercados laborales transnacionales, así como la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco.
Políticas de esta naturaleza también tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración.
Ambos países se han esforzado por construir conjuntamente caminos de tolerancia, seguridad y respeto, de los cuales la SB1718 los aleja, provocando sentimientos de intimidación y temor en la comunidad migrante.
Respecto a la ley HB2350, del estado de Kansas, que entró en vigor también el 01 de julio, el Gobierno de México, a través del Consulado de México en Kansas City, expresó su rechazo y preocupación por este tipo de iniciativas que inducen al perfilamiento racial y que pueden dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana.
“La seguridad y bienestar de la comunidad mexicana en Kansas es una prioridad que compartimos con las más altas autoridades del estado, y reconocemos el veto que diera la gobernadora Laura Kelly a esta ley, por sus potenciales implicaciones”, se indicó.
