México.- En medio de una creciente ola de repatriaciones y tensiones diplomáticas en la región, la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos ha registrado un giro sin precedentes al implementar el traslado sistemático de miles de ciudadanos mexicanos deportados hacia países de Centroamérica, principalmente Guatemala y Honduras. La estrategia, ejecutada bajo la administración del presidente Donald Trump, contabiliza ya más de 2 mil 300 migrantes mexicanos enviados a territorio guatemalteco en lo que va del año, sumados a decenas de repatriados transportados en aeronaves militares hacia suelo hondureño. Esta controvertida maniobra quiebra los protocolos bilaterales tradicionales de devolución directa a través de la frontera norte mexicana.
Según han confirmado voceros del Gobierno de Guatemala y del Instituto Nacional de Migración de México, los migrantes mexicanos son trasladados en vuelos gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), compartiendo espacio con deportados centroamericanos. Al desembarcar en las instalaciones de recepción en Ciudad de Guatemala, los mexicanos son embarcados en autobuses con destino a la frontera sur de México para concretar su ingreso al país. Sin embargo, diversas organizaciones civiles han documentado que varias personas han sufrido traslados previos por terceros países sin haber recibido la debida asistencia ni notificación consular oportuna por parte de las autoridades estadounidenses.
La medida ha generado una enérgica reacción en la capital mexicana. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo reuniones de alto nivel con diplomáticos estadounidenses para exigir la suspensión inmediata del envío de mexicanos a naciones centroamericanas, recordando que existen mecanismos bilaterales vigentes para garantizar retornos seguros directamente a territorio nacional. Desde la perspectiva del Gobierno de México, esta modalidad vulnera las garantías consulares elementales y expone a los ciudadanos a desplazamientos innecesarios y situaciones de extrema vulnerabilidad en la región centroamericana.
Por su parte, activistas y defensores de los derechos humanos sostienen que este esquema opera como una herramienta de presión geopolítica orientada a desincentivar el flujo migratorio, desafiando normativas internacionales de asilo y presionando la soberanía de los países receptores. Aunque las autoridades de Guatemala aseguran que gestionan el retorno de los mexicanos a su país en lapsos menores a 24 horas, observadores independientes critican la opacidad del procedimiento e insisten en la urgencia de detener la instrumentalización de los migrantes en la agenda fronteriza de Washington que afecta a varios países.
