Washington.- El Gobierno estadounidense prepara la mayor medida de cancelación masiva de visados de su historia moderna, orientada a revocar los permisos de negocios y turismo (categorías B1 y B2) de hasta 200 mil ciudadanos extranjeros que solicitaron o están tramitando estatus de asilo en territorio estadounidense.
La iniciativa, impulsada por la administración federal en coordinación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca frenar de forma drástica lo que las autoridades consideran un uso indebido e ilegal de los mecanismos de no inmigrante para ingresar al país.
De acuerdo con directrices internas de la diplomacia estadounidense y confirmaciones de altos funcionarios federales, la medida afectará directamente a las visas emitidas entre 2016 y 2026 a personas que ingresaron a Estados Unidos bajo el argumento de realizar visitas temporales, turismo o transacciones de negocios de corta duración, pero que posteriormente interpusieron peticiones de protección internacional ante la Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Portavoces del Departamento de Estado enfatizaron que el sistema de asilo no debe ser utilizado como una vía secundaria ni como un atajo fraudulento para eludir las leyes ordinarias de migración y obtener de forma irregular la residencia permanente.
Las autoridades aclararon que la revocación de estos visados de turista o negocios no derivará en una deportación inmediata ni automática para los afectados que ya se encuentran dentro de las fronteras estadounidenses.
La mayoría de los extranjeros con casos de asilo en trámite activo conservarán su estancia legal provisional mientras las cortes de inmigración resuelven la validez de sus peticiones individuales. No obstante, perderán de forma definitiva su condición de visitantes comerciales o turistas, lo que anula de inmediato cualquier posibilidad de salir del país y reingresar de forma legal en el futuro, o de solicitar ajustes de estatus por vías ordinarias.
Dice que la medida afecta a miles de familias procedentes principalmente de naciones latinoamericanas, caribeñas y asiáticas. Para quienes enfrenten una resolución desfavorable en sus solicitudes de asilo, la invalidez de sus visas originales implicará una deportación expedita hacia sus países de origen, sin margen para apelar a la vigencia de sus antiguos permisos de viaje o negocios.
Esto se suma a una serie de severas restricciones migratorias adoptadas por la Casa Blanca, que en los últimos meses ya acumulan la cancelación de más de 175 mil visas por antecedentes penales, infracciones administrativas o estancia prolongada no autorizada.
Diversas organizaciones de derechos civiles, asociaciones de abogados de inmigración y defensores de los refugiados han anticipado que la disposición enfrentará severas demandas e impugnaciones legales ante las cortes federales.
Los activistas argumentan que la revocación sistemática y generalizada socava las garantías del debido proceso y coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de solicitantes que buscan refugio legítimo huyendo de la violencia, el crimen organizado y la persecución política.
Son diversas las asociaciones que se oponen, como Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), American Immigration Council (AIC), National Immigrant Justice Center (NIJC) y Democracy Forward.
