El diario digital El Faro anunció el cambio de sus oficinas administrativas hacia Costa Rica, esto debido a la campaña orquestada en su contra desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. No obstante, informó que su redacción continuará en este país haciendo periodismo.
La decisión fue tomada debido al “desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas”, aseveró en un editorial.
Asimismo, destaca que “durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus (software); acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero”.
Por lo tanto, se menciona que la redacción seguirá en San Salvador y seguirán haciendo periodismo en El Salvador.
Pero la operación administrativa y legal ya no. “Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José (Costa Rica). Es la culminación de un proceso que emprendimos hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”.
El Salvador lleva más de un año bajo régimen de excepción, continúa, en el que las principales garantías de los ciudadanos han sido eliminadas “provisionalmente” y el sistema judicial está también bajo control del mismo grupo en el poder.
Destaca que la criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región de Centro América, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles.
“Los autócratas no toleran otras narrativas”, destaca el editorial.