Puerto Rico.- A setenta años de conmemorarse la isla como Estado Asociado y no como otro de los estados, vuelve a estar en debate. El dilema es la independencia o la anexión plena a Estados Unidos.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue adoptada el 6 de febrero de 1952. El texto fue ratificado por el electorado de Puerto Rico en un referéndum el 3 de marzo de 1952, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, y promulgado el 3 de julio de 1952, entrando en vigor el 25 de julio de ese mismo año.
Fueron designados un total de 92 delegados en la Convención Constituyente que operó de septiembre de 1951 a febrero de 1952, de los cuales sólo se incluyó a una mujer: María Libertad Gómez Garriga, quien hizo varias propuestas para erradicar la discriminación, siendo ella la vicepresidenta de dicho organismo constituyente.
Adelantada a su propia época, tras haberse promulgado tan sólo cuatro años atrás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Constitución puertorriqueña, establece como eje principal la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. El respeto de los derechos humanos es eje central en el ámbito educativo: “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”.
Sin embargo, ¿qué pasa en la actualidad?, se considera que los puertorriqueños no cuentan con los mismos derechos, por lo que se impulsa la idea de un nuevo plebiscito para determinar cambios que garanticen el cumplimiento de sus derechos.
Recientemente, legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que propone un plebiscito vinculante -o votación electoral directa–-para determinar el estatus de la isla. El proyecto fue anunciado en mayo por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer; la comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón; y la representante Nydia Velázquez.
La Ley de Estatus de Puerto Rico no incluiría como una opción el actual estatus de Estado Libre Asociado de la isla, un sistema que ha perdido apoyo desde que el gobierno federal instauró una junta fiscal no electa en 2016, la cual tiene autoridad para tomar posesión de los poderes políticos locales, después de que la isla entrara en quiebra.
“A raíz de la quiebra de Puerto Rico, parece existir un consenso de gran alcance de que la condición colonial de la isla debe llegar a su fin”, señaló a The Guardian, Rafael Cox Alomar, profesor de derecho en la Universidad del Distrito de Columbia, quien ha realizado investigaciones y análisis enfocados en el estatus y la historia de Puerto Rico.
No obstante, la forma exacta en que Puerto Rico debe sentar sus bases para la descolonización constituye la raíz del debate en la isla. El proyecto de ley, que tiene muy pocas probabilidades de avanzar en el Senado, propone que el plebiscito se realice en noviembre de 2023.
