México.- Dentro de las exigencias de la XVI Caravana de madres de migrantes desaparecidos y desaparecidas, se exigió la liberación de la indígena migrante guatemalteca Juana Alonzo Santizo, la cual fue detenida en 2014 acusada de un delito por el que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido su liberación.
Juanita, como la conoce, es una indígena maya-chuj, quien fue detenida y discriminada por policías de Tamaulipas, torturada e interrogada sin representación legal, sin presencia consular y sin un intérprete que le ayudará a entender lo sucedido en español, un idioma que no hablaba.
Después de siete años detenida de manera arbitraria en la cárcel de Reynosa, Tamaulipas, sin sentencia, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una decisión (#35/2021) sobre el caso de Juana, diciendo que “la privación de libertad de Juana Alonzo Santizo, es arbitraria,” y se pidió al gobierno de México “ponerle inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación.”
Por lo tanto, la XVI Caravana recorrió la misma ruta que miles de migrantes, y el cual Juanita realizó hace más de siete años para buscar una vida digna, pero encontró la cárcel.
Integrantes de la caravana la visitaron en el penal de Reynosa, y le llevaron más de 300 cartas y mensajes de apoyo de su familia, comunidad, personas y organizaciones solidarias.
Además, se reunieron por primera vez con personal de la Fiscalía de Tamaulipas a quienes les plantearon su exigencia para que se desista de los cargos en contra de Juanita y así obtenga la libertad de la manera más inmediata posible.
Por lo que sostuvieron reuniones con el representante en México de Derechos Humanos de la ONU, el equipo legal que representa a Juanita por parte de la Defensoría Pública Federal y con 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en México.
Juanita es acusada de secuestro por la entonces Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, cuando ella era una migrante en tránsito que era víctima de los traficantes de personas, y la acusación en su contra confirma un patrón de criminalización de personas migrantes e indígenas, y que diversas organizaciones, instancias y organismos internacionales han documentado.
