El Salvador.- Una mujer fue sentenciada a 30 años de prisión por haber tenido un aborto espontáneo. Organizaciones que defienden el derecho al aborto en este país revelaron que la mujer identificada como “Esme” no contaba con la atención médica necesaria para salvar al bebé, que finalmente murió y la madre fue inmediatamente acusada por el Ministerio Público supuestamente por haber recurrido al aborto.
“Esme”, que llevaba ya dos años esperando la decisión del tribunal en prisión preventiva, separada de su hija de siete años, recibió su condena. Por lo que la abogada defensora consideró que dicha sentencia está “cargada de estigmas y estereotipos de género” y acusó al juez de no ser imparcial en relación a la versión de la fiscalía general del Estado, según informa el diario El País.
El Código Penal de este país centroamericano es conocido por ser uno de los más estrictos del mundo, según explica el diario británico The Guardian, con respecto a las mujeres que optan por tener o tener una interrupción natural del embarazo. Los movimientos feministas luchan desde hace décadas por una revisión del Código Penal para despenalizar el aborto.
Según el citado diario español, la propuesta presentada en 2016 por los movimientos feministas que establece la despenalización del aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, en casos de violación o cuando se constatan malformaciones fetales “que hacen inviable la vida fuera del útero”, fue archivado por la Asamblea Legislativa, misma que en su mayoría está controlada por el presidente Nayib Bukele.
Paula Ávila-Guillén, abogada internacional de derechos humanos y directora ejecutiva del Centro de Igualdad de Mujeres, calificó la condena como un “retroceso devastador”.
A raíz de los intentos de revocar la Ley Roe vs Wade, la decisión de la Corte Suprema de 1973 que legalizó el aborto, Ávila-Guillén envió una advertencia a los EE.UU.
“Todos en los EE.UU. deberían estar atentos a El Salvador para entender exactamente lo que implica un futuro sin Roe”, dijo la abogada.
La presidenta del Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Morena Herrera, condenó la decisión al considerar que es “un duro golpe en el camino para terminar con la criminalización” de los abortos espontáneos. Estos, argumenta, deberían ser “tratados como problemas de salud pública”.
Según El País, las autoridades locales denunciaron a 250 mujeres por recurrir a la interrupción del embarazo entre 2000 y 2014, 49 de las cuales fueron condenadas por hechos relacionados con el tema.
