Luego de ser protagonista de uno de los casos más fuertes del año en nuestra área, las cosas han cambiado para el alguacil del condado San Jacinto, Greg Capers.
Una extensa investigación de la Associated Press llevó a la oficina del alguacil a revelar que los agentes tardaron casi cuatro veces más de lo que Capers dijo inicialmente en llegar al tiroteo masivo que causó Francisco Oropesa, matando a 5 personas, miembros de una familia de his- panos.
La AP encontró que el turno de Capers en el centro de atención nacional creó años de quejas sobre corrupción y disfunción que antes eran desconocidas fuera del condado de San Jacinto.
El reporte también dice que es indicativo de los desafíos que enfrenta la policía en las zonas rurales de Estados Unidos, donde pequeños equipos deben patrullar vastas jurisdicciones.
También revela la dificultad de responsabilizar a los poderosos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en áreas aisladas con poca supervisión externa.
Salió a relucir que el condado pagó $240,000 en 2020, para resolver la demanda de un denunciante que acusaba a Capers de mala conducta de gran alcance.
El año pasado, los líderes del condado contrataron a una empresa de consultoría policial para examinar la oficina del alguacil, pero ignoraron su recomendación de que la brigada de corrupción pública de los Texas Rangers investigara.
Es así cómo sigue esta odisea y según AP el alguacil o la oficina no respondieron a llamadas para comentarios.
