Nuevos cambios administrativos y legales añaden restricciones al acceso a colegiaturas estatales, licencias ocupacionales, licencias comerciales y trámites vehiculares para personas sin documentos y también para algunos migrantes con estatus legal protegido.
Texas ha puesto en marcha, en menos de un año, una serie de cambios que alteran la vida diaria de personas migrantes en todo el estado. Las nuevas disposiciones afectan quién puede acceder a la colegiatura estatal en universidades públicas, quién puede obtener ciertas licencias laborales, quién puede tramitar o renovar licencias comerciales y qué documentos se exigen para comprar o registrar un automóvil.
De acuerdo con datos citados por organizaciones legales y autoridades estatales, estas medidas impactan directamente a 1.7 millones de personas sin documentos en Texas, además de decenas de miles de refugiados, beneficiarios de DACA y otros migrantes con estatus protegido. En ese grupo, más de 6,400 refugiados y beneficiarios de DACA ya perdieron sus licencias comerciales de conducir.
La ofensiva de restricciones se extendió más allá del Capitolio
Una parte central de este nuevo panorama es que muchas de las decisiones no avanzaron por la vía legislativa tradicional. En lugar de depender de nuevas leyes aprobadas en sesión, varias medidas surgieron a través de agencias estatales, cambios regulatorios y acciones legales impulsadas desde el poder ejecutivo.
Ese mecanismo ha generado confusión incluso entre las dependencias encargadas de aplicarlo. También abrió una nueva etapa en la política migratoria estatal: varias propuestas que no lograron avanzar en el Congreso local terminaron tomando forma por otras rutas administrativas o judiciales.
Uno de los ejemplos más visibles fue el cambio en la colegiatura estatal. Tras el fin de la última sesión legislativa regular, quedó sin efecto el acceso que durante años permitió a estudiantes sin documentos pagar matrícula estatal en universidades públicas. Ahora, los estudiantes deben demostrar que están “legalmente presentes” en el país para obtener ese beneficio.
La colegiatura estatal quedó fuera del alcance de miles
El cambio en educación superior pone en riesgo el acceso universitario de hasta 18,500 estudiantes que antes podían entrar al programa. Además, algunas universidades informaron de forma incorrecta a beneficiarios de DACA que también habían perdido ese derecho, aun después de recibir lineamientos estatales. Esa orientación llegó meses después del fallo y no eliminó del todo la incertidumbre.
La siguiente capa del endurecimiento llegó por la vía del trabajo y la movilidad. En septiembre, el gobernador Greg Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública aplicar de forma estricta un requisito federal de dominio del inglés para conductores de camiones y dejar de emitir licencias comerciales a personas que no hablaran inglés. Según datos oficiales, más de 400 conductores enfrentaron acciones de cumplimiento, en su mayoría con licencias emitidas en México.
Poco después, la misma agencia dejó de emitir o renovar licencias comerciales para beneficiarios de DACA, refugiados y personas con asilo. Esa decisión siguió una política similar aplicada a nivel federal, aunque una corte bloqueó temporalmente esa regla nacional por falta de justificación suficiente sobre seguridad.
Lee más: Lina Hidalgo no renunciará, es la resolución de la Corte de Comisionados
Restricciones a licencias laborales y autos, en la mira
Las restricciones no se quedaron en el volante. El Departamento de Licencias y Regulación de Texas aprobó cambios para limitar con fuerza qué tipos de migrantes pueden obtener licencias ocupacionales en una larga lista de profesiones. La medida alcanza campos como electricidad, medicina, aire acondicionado, cosmetología, patología del habla y hasta crianza de perros.
Bajo la nueva regla, la mayoría de los no ciudadanos solo podrá obtener una licencia ocupacional si cuenta con green card, asilo, estatus de refugiado o reconocimiento como víctima de trata. Los beneficiarios de DACA quedan fuera.
Ese ajuste golpea sectores donde el empleo formal depende por completo de la licencia estatal. También alcanza proyectos comunitarios y escuelas de formación que atendían a mujeres migrantes, incluidas sobrevivientes de violencia doméstica, que encontraban en esos oficios una ruta para independizarse económicamente.
En paralelo, el Departamento de Vehículos Motorizados endureció los requisitos de identificación con fotografía para comprar o registrar un auto. El cambio ya está afectando ventas en concesionarios que atienden principalmente a comunidades hispanas. También está empujando a algunas personas a comprar vehículos fuera del estado o a manejar autos no registrados para ir al trabajo o a la escuela.
El efecto de las restricciones se siente en empleos, seguros y vida cotidiana
Empresarios, oficinas fiscales locales y grupos comunitarios han advertido que estas medidas pueden producir más conductores sin seguro ni registro, justo el efecto que sus promotores dicen querer evitar. También elevan el riesgo de detenciones de tránsito que pueden escalar hacia procesos migratorios más severos, sobre todo en un contexto de colaboración entre autoridades locales y federales.
Las críticas no solo apuntan al fondo de las reglas, sino a la forma en que surgieron. Expertos legales y legisladores demócratas han sostenido que el gobernador está ampliando el poder del Ejecutivo al usar a las agencias para implementar cambios que no lograron respaldo suficiente en el Congreso estatal.
Ese control se apoya en una directiva emitida en 2018 que obliga a revisar todas las reglas propuestas por agencias antes de que se publiquen. Desde entonces, el gobernador ha consolidado influencia sobre juntas, comisiones y órganos reguladores. En varios de los consejos que aprobaron estos cambios, la mayoría de los integrantes fue nombrada por Abbott.
La siguiente batalla podría tocar la educación pública
Mientras estas reglas apenas comienzan a asentarse, organizaciones defensoras ya se preparan para más cambios. En semanas recientes, volvió a aparecer la presión interna dentro del Partido Republicano para ir ahora contra Plyler v. Doe, la decisión de la Corte Suprema de 1982 que garantiza educación pública a estudiantes sin documentos.
Por ahora, esa ofensiva no se ha traducido en una ley aprobada. Pero el patrón de los últimos meses muestra que varias transformaciones no han esperado al Capitolio para avanzar. Texas ya modificó quién puede estudiar con tarifa estatal, quién puede manejar comercialmente, quién puede comprar y registrar un auto y quién puede acceder a profesiones reguladas. La siguiente disputa, si se concreta, podría extender ese mapa de restricciones todavía más.
