México.- Las autoridades del estado de Tamaulipas mantienen un intenso despliegue de búsqueda tras la fuga de José Arturo Alfaro Acuña, uno de los exoficiales de la Policía Estatal procesados por la masacre de 19 personas en el municipio de Camargo, de los cuales 17 eran migrantes y los otros dos supuestos traficantes de migrantes (polleros).
El escape ocurrió la noche del pasado viernes 3 de abril en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Victoria, justo después de que el acusado fuera vinculado a proceso por homicidio calificado y abuso de autoridad.
Este caso ha reabierto las heridas de uno de los episodios más oscuros de violencia institucional en México: el operativo policial del 22 de enero de 2021. En aquella fecha, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) interceptaron a un grupo de migrantes en el ejido Santa Anita.
Lejos de cumplir con protocolos de seguridad, los efectivos iniciaron una persecución que culminó en una ejecución extrajudicial masiva.
Las investigaciones ministeriales revelaron la brutalidad con la que actuaron los elementos del Estado. Dieciséis migrantes originarios de Guatemala y uno de El Salvador, quienes buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos, fueron asesinados a balazos y golpes por los policías.
Para ocultar el crimen, los agentes realizaron las siguientes acciones: Rodearon el vehículo donde se trasladaban las víctimas, dispararon de forma indiscriminada contra los civiles, rociaron la camioneta con gasolina y le prendieron fuego con los cuerpos aún en su interior, en un intento por borrar las evidencias balísticas y de identidad.
El expolicía Alfaro Acuña, quien formaba parte de las 20 órdenes de aprehensión emitidas por este crimen, habría aprovechado un descuido de sus custodios antes de ser trasladado al centro penitenciario. Tras conocer su vinculación a proceso dentro de la carpeta 23/2021, el exmilitar logró evadir la vigilancia.
Actualmente, el área estatal de Seguridad de Tamaulipas coordinaba patrullajes en el ejido Guadalupe Victoria y zonas aledañas para intentar dar con el paradero del expolicía que se convirtió ahora en prófugo de la justicia.
Pese a que 12 policías ya han recibido sentencias de hasta 50 años de prisión por estos hechos, la fuga de este implicado directo representa un grave revés para la justicia de las familias de los 17 migrantes masacrados. Hasta el momento, no han reportado su recaptura.
