Bolivia.- El presidente Rodrigo Paz tomó la determinación de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional con el firme objetivo de liberar las principales carreteras del país, luego de que las protestas y bloqueos en contra de su administración superaran el umbral de los 50 días. En un mensaje transmitido a la nación, el mandatario enfatizó que la medida busca restablecer el orden: “Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente”, aseguró.
A lo largo del conflicto, y pese a la insistente presión de diversos sectores productivos y empresariales, el Ejecutivo priorizó las mesas de diálogo y evitó el despliegue de la fuerza pública para impedir una escalada violenta. Aunque el gobierno logró consolidar acuerdos con múltiples organizaciones, dos sindicatos radicales persistieron en el aislamiento de las rutas: el sindicato agrario Túpac Katari, que mantiene cercados los ingresos a la sede de gobierno en La Paz, y los sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales, quienes controlan la vía hacia el oriente exigiendo únicamente la renuncia de Paz.
Tras la promulgación del decreto, contingentes de la policía avanzaron de forma efectiva y sin encontrar mayor resistencia en varios de los puntos neurálgicos que permanecían obstruidos. Sin embargo, la tensión estalló en la región central de Cochabamba, bastión político del evismo, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes campesinos.
Decenas de uniformados arribaron a la localidad de Llavini para despejar la carretera vital que conecta con Cochabamba, La Paz y El Alto. Aunque inicialmente lograron retirar las barricadas, los labriegos intentaron retomar la protesta atacando con piedras y petardos de dinamita, provocando que los agentes respondieran con gases lacrimógenos para dispersar la movilización y mantener el control del libre tránsito. Mientras tanto, la tensión social continúa.
