El Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador comenzó en marzo de 2001 tras dos terremotos devastadores en ese país. Entonces la administración Bush designó esa protección porque ese desastre natural desplazó a más del 16 % de la población. Administraciones sucesivas de ambos partidos políticos renovaron reiteradamente la designación durante más de dos décadas, permitiendo que entre 170,000 y 200,000 salvadoreños vivieran y trabajaran legalmente en los Estados Unidos.
Sin embargo, con las nuevas políticas migratorias de la administración de Donald Trump, se anunció que a partir del 9 de septiembre de este año, todas estas personas se quedarían sin protección. Esta es la de mayor duración en la historia de Estados Unidos de un programa similar.
Esta cancelación se produce tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio en el caso “Mullin v. Doe”, que despejó el camino para que la administración procediera con la medida. Cerca del 90 por ciento de los beneficiarios salvadoreños del TPS trabajan y aportan más de 5,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense; además, aproximadamente 150,000 son hijos ciudadanos de EE. UU. tienen un progenitor acogido a este programa.
“Los salvadoreños han hecho contribuciones significativas a nuestras comunidades. Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Mañana, cientos de miles de ellos corren el riesgo de convertirse en el próximo objetivo para alimentar la maquinaria de deportaciones de esta administración. Trump y Miller están empeñados en quitarles el estatus legal a tantas personas como sea posible y en sembrar el caos y el miedo en todo el país”, dijo por medio de un comunicado Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, organización sin fines de lucro.
El caso de El Salvador es solo la última ficha en caer dentro del mayor esfuerzo de revocación de estatus legal en la historia moderna. El TPS para Haití expiró el 5 de agosto, dejando a 350,000 personas sin estatus legal, y el costo humano ya se está haciendo sentir.
“Cada semana surgen historias de vidas trastornadas, empleos perdidos, familias separadas y una administración que se niega a cambiar el rumbo. Encuesta tras encuesta se demuestra que el pueblo estadounidense rechaza la agenda de deportaciones masivas. El Congreso debe asumir su responsabilidad y exigir cuentas a esta administración”, agregó Cádenas.
