Desde que inició la ofensiva de Donald Trump contra la comunidad migrante y su plan de deportaciones masivas que se ha venido llevando a cabo en varias ciudades, incluyendo a Houston y sus alrededores, el alcalde de nuestra ciudad, John Whitmire, no ha mostrado una posición clara. A veces dice que sí y a veces que no.
Primero decía que el Departamento de Policía de Houston (HPD) no colaboraba con ICE y luego que sí, mientras la comunidad exige una posición clara. Se supo que en ocasiones los policías locales detuvieron a personas en paradas de tránsito regulares, hasta que llegaban los agentes federales para llevarlos; incluso se reportaron casos de que algunos agentes de Houston llevaron a personas hasta el centro de detención para entregarlas a ICE.
Mientras el HPD se defendía y el alcalde los respaldaba, nunca se dejó nada en claro. Luego vino una propuesta de la concejal Alejandra Salinas que limitaba la colaboración del HPD con ICE y pasó los votos del concilio; se armó el escándalo que llevó a Whitmire a ponerse en contra y hasta a modificarla, logrando que las cosas empeoraran.
Desde entonces estamos entre que sí y que no, pero el verdadero efecto se siente en la comunidad que ahora le tiene miedo a la policía que, según, está para protegerlos. Han aumentado casos de violencia doméstica y otros; estos, según líderes comunitarios, se deben al miedo de las víctimas de llamar a la policía por miedo a ser reportados a las autoridades migratorias y ser deportados.
Por si esto fuera poco, hace unos días salió a la luz que la ciudad de Houston había solicitado 150 millones de dólares al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de su “Iniciativa de Ciudades Modelo” (MCI), presentada por el presidente Donald Trump en junio bajo el lema «Hacer a Estados Unidos seguro de nuevo» (Make America Safe Again). Esta información salió a la luz luego de que el diario Houston Chronicle informó sobre esta solicitud que fue enviada, pero sin consentimiento del concilio de la ciudad.
Funcionarios de la administración incluyeron la solicitud en la agenda del concejo en dos ocasiones durante el mes de septiembre, pero retiraron el punto antes de que se procediera a la votación en ambas oportunidades.
Tanto miembros de la comunidad como algunos integrantes del concejo municipal expresaron su preocupación ante las directrices de la subvención, las cuales exigían a las ciudades garantizar que sus iniciativas se alinearan con diversas prioridades, incluidas las operaciones de aplicación de las leyes de inmigración.
Al salir esta información a la luz, hubo muchos cuestionamientos de parte de la comunidad y, por supuesto, de los concejales de la ciudad que cuestionaron esta acción tomada por la administración de Whitmire.
El concejal del Distrito H, Mario Castillo, por medio de un comunicado publicado en sus redes, dijo que se siente “decepcionado de que la aplicación para esta subvención de 150 millones haya sido enviada antes de tener aprobación del concilio. Mis electores merecen transparencia”.
Por su parte, Joaquín Martínez, concejal por el Distrito I, expresó que “Houston nunca debería sacrificar el control local a cambio de ninguna cantidad de financiación”.
Por ahora, la administración del alcalde Whitmire informó que ha retirado su solicitud, tras haber presentado dicha solicitud sin la aprobación del concejo municipal.
¿Usted qué opina?
