Brasil.- La Policía Federal acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a decenas de sus aliados de los delitos de abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.
El informe, de más de 800 páginas, recopila pruebas, registros bancarios y telefónicos, declaraciones, detenciones, registros e información de otra índole obtenidas en casi dos años de investigación policial.
Ahora, será entregado al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial.
Además de Bolsonaro, también han sido señalados quien fuera su ministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exdirector de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia, Augusto Heleno Ribeiro, y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Un total de hasta 35 personas.
Todos ellos están acusados de intento de golpe de Estado, cargo que acarrea penas de hasta 12 años de cárcel; pertenencia a banda criminal, con hasta ocho años de prisión; y abolición violenta del Estado de derecho, con máximas de ocho años.
La investigación apunta hacia varios hechos que se produjeron durante la campaña electoral y una vez finalizadas aquellas elecciones de octubre de 2022 en las que salió vencedor Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.
Se trata de una trama de desinformación para atacar a las instituciones y poner en tela de juicio la fiabilidad del proceso electoral e incitar a los militares a tomar las armas.
También se investiga la financiación de estas acciones y las operaciones para llevarlas a cabo y el uso ilegal de la agencia de Inteligencia.
Asimismo, trascendió que fueron detenidos cuatro militares y un agente que planeaban atentar contra el presidente Lula da Silva y otras altas autoridades después de las elecciones de octubre de 2022 para evitar así que tomara posesión, lo cual se reveló en el marco de la investigación sobre los ataques del 8 de enero.
Además del presidente Lula, esta “detallada operación” denominada ‘Puñal Verde y Amarillo’ y que sería ejecutada el 15 de diciembre de 2022 tenía como objetivos al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.
“Para ejecutar al presidente Lula, la investigación describe, teniendo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital, la posibilidad de utilizar veneno o productos químicos para provocar un colapso orgánico”, ha revelado la Policía.
Dicho plan incluía también “encarcelar y ejecutar” a un juez del Supremo al que habían hecho un “seguimiento continuo” en caso de que el golpe de Estado tuviera éxito. Fuentes de la Policía han revelado que se trata de De Moraes, encargado de la investigación de los ataques del 8 de enero y durante la campaña electoral.
