Colombia.- En la ofensiva militar del Gobierno nacional para neutralizar las estructuras armadas, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron una serie de intensos ataques aéreos estratégicos en la región de la Amazonía, dirigidos contra campamentos pertenecientes al frente «Carolina Ramírez», una de las facciones más activas e influyentes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Operación Militar «Azarías», desplegada en la vereda Lagos del Dorado, dentro de la jurisdicción del municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare, dejó un saldo preliminar de al menos 20 disidentes muertos. Entre las bajas confirmadas por el Ejecutivo destaca la de alias «El Tigre» o «Pintado», identificado por la inteligencia militar como el principal cabecilla operativo de esta estructura criminal y una de las figuras de mayor confianza de Néstor Gregorio Vera, conocido mediáticamente como «Iván Mordisco».
Durante la incursión de las tropas terrestres desplegadas de manera posterior a las incursiones aéreas de precisión, los comandos de la Fuerza Pública procedieron al aseguramiento de la zona de combate. En el lugar, las unidades incautaron un importante arsenal que incluye 11 fusiles de asalto, cinco ametralladoras de alto calibre, abundante material de intendencia y documentación estratégica para la inteligencia militar. Esta maniobra en Miraflores se suma a la Operación «Amón», desarrollada días atrás en el municipio de El Retorno, donde las autoridades neutralizaron a otros diez integrantes del bloque comandado por alias «Calarcá».
Sin embargo, el uso continuado de bombardeos por parte del Estado ha desatado un profundo debate político y social sobre el impacto en la población civil. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los cuerpos recuperados en los operativos de El Retorno pertenecían a adolescentes que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte del grupo armado. Esto generó duras críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales exigen una revisión rigurosa de los protocolos de inteligencia militar antes de autorizar ataques aéreos en zonas con posible presencia de menores.
Frente a las acusaciones, el Ministerio de Defensa sostuvo que las operaciones militares se rigen bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, responsabilizando categóricamente a las disidencias guerrilleras por utilizar a menores como escudos humanos y cometer el crimen de guerra del reclutamiento infantil. Por su parte, la Presidencia de la República reafirmó que la instrucción para la Fuerza Pública es mantener la máxima presión operacional de forma contundente hasta desmantelar los mandos de los grupos armados ilegales en todo el país.
