El Immigrant Legal Services Fund permanece congelado mientras continúa el litigio con Texas; cinco organizaciones participaban en la ayuda legal y representación de residentes detenidos que enfrentan procesos de deportación.
Harris County continúa sin poder desembolsar más de $1.3 millones en fondos públicos destinados a asistencia legal para inmigrantes mientras sigue pendiente la disputa judicial iniciada por el procurador general de Texas, Ken Paxton.
La Corte Suprema de Texas suspendió temporalmente los pagos del Immigrant Legal Services Fund (ILSF), creado para financiar representación de residentes del condado detenidos y sometidos a procesos de deportación. La orden permanece vinculada al litigio y no constituye una decisión final sobre la legalidad del programa.
La congelación también afecta a la Immigration Resource Hotline, que conectaba a residentes con servicios y organizaciones de asistencia migratoria.
Cinco organizaciones recibían fondos para representar a personas detenidas
El Immigrant Legal Services Fund apoyaba el trabajo de abogados de BakerRipley, Galveston-Houston Immigrant Representation Project, Justice for All Immigrants, KIND Inc. y Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES).
El programa estaba dirigido a personas detenidas que enfrentaban procedimientos de deportación, residían en Harris County y cumplían con requisitos de ingresos establecidos para recibir la asistencia.
Mientras continúe la suspensión, Harris County no puede seguir desembolsando dinero público mediante ese programa. La fiscal del condado, Abbie Kamin, ha dicho que Harris County continuará defendiendo el fondo durante la apelación y ha recalcado que la orden de la Corte Suprema de Texas no resolvió definitivamente el caso.
La Oficina de la Fiscal de Harris County mantiene su respuesta oficial sobre la suspensión y la defensa del programa.
Texas cuestiona que el condado pague defensa en casos de deportación
Paxton demandó a Harris County en noviembre de 2025 y sostiene que el condado carece de autoridad legal para utilizar fondos públicos en la representación de personas que enfrentan procedimientos migratorios federales.
La Corte Suprema de Texas concedió la suspensión mientras el litigio continúa. El tribunal expresó dudas sobre la constitucionalidad del programa y consideró que permitir nuevos desembolsos podría dificultar la recuperación del dinero si posteriormente se determina que esos pagos no estaban autorizados.
Harris County sostiene una posición contraria y defiende el programa como una forma de proporcionar acceso al debido proceso a residentes que enfrentan procedimientos de inmigración.
En una corte migratoria no se asigna un abogado pagado por el gobierno
Las consecuencias del bloqueo son distintas a las que tendría la suspensión de una defensa pública en un proceso penal.
Las personas que comparecen ante una corte de inmigración pueden contratar un abogado o recibir representación gratuita de una organización, pero el gobierno federal no les proporciona un abogado sin costo. La Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia mantiene una lista de proveedores que ofrecen servicios gratuitos o de bajo costo, aunque esas organizaciones no están obligadas a aceptar todos los casos.
Por eso, el fondo de Harris County cubría una necesidad distinta: utilizaba recursos locales para financiar representación de determinadas personas que cumplían los requisitos del programa.
La congelación ocurre mientras la actividad migratoria también ha generado otros cambios locales. Entre abril y junio, el Departamento de Policía de Houston transfirió a 19 personas a custodia de ICE durante encuentros en los que los agentes localizaron registros migratorios civiles. Puedes consultar la cobertura de HPD entregó a 19 personas a ICE entre abril y junio de 2026.
El caso sigue abierto y los $1.3 millones no han sido adjudicados definitivamente
La orden temporal impide nuevos desembolsos del fondo durante el litigio, pero no determina todavía si Harris County podrá reactivar el programa ni si la asignación de más de $1.3 millones fue legal.
Hasta que exista una nueva decisión judicial, el Immigrant Legal Services Fund permanece suspendido y Harris County continúa defendiendo su autoridad para financiar esos servicios.
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